La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (FAPAR) ha criticado la realización este curso de pruebas en tercero y sexto de Primaria "como adelanto de la implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)", que entrará en vigor el próximo.

En una nota de prensa, FAPAR ha reiterado que "las evaluaciones son importantes para conocer el estado del sistema educativo, pero, para eso, no pueden realizarse pruebas exclusivamente sobre el alumnado, que ya tiene su proceso de evaluación ordinario". "Máxime cuando la finalidad de estas pruebas lleva pareja la publicación de sus resultados para establecer clasificaciones entre centros", han añadido desde la Federación, que ha subrayado que "las familias de la escuela pública concebimos la educación de nuestros hijos como procesos de colaboración y cooperación, no como carreras de competición" y por eso "rechazamos estas pruebas".

Además, "no se entiende que se realice una prueba individualizada en tercero de Primaria en todos los centros y otras de pilotaje en tercero y sexto en 40 centros", pues a los alumnos de tercero de esos últimos colegios "se les va a someter a seis exámenes, repitiendo pruebas de competencias".

Asimismo, la prueba individualizada de tercero "se hará a todos los alumnos si son menos de 36 y solo a 35 si son más los matriculados en este curso, sin especificar cómo se va a hacer esta selección".

Otras dudas

FAPAR ha explicado que se desconocen los criterios que se han utilizado para elegir los 40 centros piloto, "y tenemos algunas dudas sobre la representatividad" de los mismos.

En este punto, han glosado que en Huesca hay dos públicos y ninguno concertado, en Teruel solo uno público y ninguno de la ciudad y en Zaragoza no hay ninguna representación de las zonas 3 y 4, ningún centro público de la zona 7 y en otras se han elegido todos los concertados existentes, como es el caso de la zona 1. Todos los centros son de tres vías o más y no hay ningún centro unitario ni Centros Rurales Agrupados.

Por otra parte, esta pruebas "no se han contemplado en las programaciones de los centros, ni se ha trasladado información al inicio del curso escolar ni a centros, ni alumnos, ni familias" y su desarrollo supondrá un gasto de unos 20.000 euros "que podría invertirse en otras necesidades educativas más provechosas, necesarias y urgentes".

Igualmente, han recordado que en la fecha de publicación de la instrucción que informa sobre estas pruebas, en abril, no se había producido el desarrollo normativo legal previsto de la LOMCE, para concluir que estas pruebas "son fruto de la precipitación y el empeño por aplicar una ley ideológica y sectaria, que busca la exclusión del alumnado, segregándolo en función de sus conocimientos en lugar de garantizar el derecho fundamental a la educación para todos".