Más de 13.400 personas, entre políticos, burgueses, obreros y campesinos, fueron sancionadas en Aragón con multas "impagables" durante los primeros años de la posguerra española, un castigo que, más allá de las ejecuciones y las cárceles, condenó a muchas familias a una "muerte civil".

Así se recoge en una investigación dirigida por el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, y la profesora Ángela Cenarro, con el título "Pagar las culpas. La represión económica en Aragón 1936-1945".

Este libro aborda las consecuencias económicas de la Ley de Responsabilidades Políticas aprobada en febrero de 1939 y aplicada de forma retroactiva a republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas y sindicalistas.

Según este estudio, 13.422 personas en Aragón -7.575 en Zaragoza, 4.032 en Huesca y 1.815 en Teruel- sufrieron la pérdida total de sus bienes por estas multas impagables.

Estos son al menos todos los expedientes de responsabilidades políticas que se encuentran en los archivos comarcales y provinciales de Aragón y que han sido consultados para esta investigación, ha indicado Julián Casanova.

En ellos, figuran nombres y apellidos como el de Manuel Sender, hermano del conocido escritor Ramón J. Sender, republicano y alcalde de Huesca, que fue asesinado por el bando rebelde el 13 de agosto de 1936, a la edad de 31 años.

Le impusieron una multa de "45.000 pesetas" -unos 270 euros- que fue ratificada por un tribunal incluso meses después de su muerte, una práctica habitual que llevó a que estas sanciones recayeran con frecuencia en la viuda y los hijos cuando el condenado había sido fusilado o estaba en prisión o en el exilio.

Este engranaje represivo no solo condenó a la ruina a los vencidos, ya que en la vida cotidiana, favoreció la delación y acusación entre vecinos y alimentó el afán de rapiña sobre los puestos que "asesinados y represaliados habían dejado libre en la Administración", ha comentado.

"El problema no es que tuvieran arriba un poder de oligarcas, terratenientes o políticos. El problema es que había una base social que buscó el castigo del otro, porque no era católico o porque era un rojo o porque me quitó la tierra en tiempos...", ha comentado.

Esta investigación, llevada a cabo con financiación del programa Amarga Memoria del Gobierno de Aragón, va más allá de las fronteras de la Comunidad, ha apuntado Casanova, ya que es "extrapolable" a lo ocurrido en el conjunto del país.

A lo largo de estas páginas, se identifica a las víctimas, con biografías de algunas de ellas, así como a los actores de la represión; se aborda la colaboración de una parte de la sociedad a través de informes y denuncias y se describe la resistencia de aquellos que se opusieron.

En definitiva, narra y documenta el castigo económico del vencido sobre el vencedor durante los primeros años de la posguerra, en concreto hasta mediados de los cuarenta, cuando se dieron cuenta de que era "inviable" mantener la burocracia necesaria para tramitar todos los expedientes, ha precisado.

Además de los fusilamientos en la posguerra -unos 50.000, según este investigador,- la cárcel, la persecución y el destierro, existió también esta represión económica que, en la práctica, lo que hizo fue "expoliar" y "despojar" y, en definitiva, "no dejar vivir al otro en paz", ha concluido.

La investigación está realizada además por Estefanía Langarita, Nacho Moreno e Irene Murillo y la ha publicado la editorial Crítica.