«Anulamos la reserva para 25 personas porque hemos encontrado unos apartamentos piratas». Este comentario que tuvo que escuchar un hostelero de Castellote, en el Maestrazgo, puede resultar inaudito por su sinceridad, pero, desgraciadamente para los hosteleros de esta zona no es ni mucho menos un caso aislado. Su proximidad al Bajo Aragón, donde el tirón de Motorland llena las camas del entorno en determinadas fechas, ha conllevado un incremento de su actividad, pero también ha tenido efectos negativos por la proliferación de alojamientos ilegales.

Tanto el sector como las comarcas confían en que el decreto de viviendas para uso turístico que ultima el Gobierno de Aragón ponga coto a esta situación. Mientras, las comarcas de las tres provincias ya han empezado a requerir a los propietarios la regularización de las casas rurales no registradas que detectó la Dirección General de Turismo mediante un rastreo de ofertas en internet. Se localizaron 250 casas y 165 apartamentos turísticos, aunque una vez comprobados los datos, el número de casos irregulares se ha rebajado considerablemente y algunos ya se han podido legalizar.

Pero ni esta medida activada como paso previo a la modificación de la normativa ha conseguido apaciguar los ánimos en toda la zona de influencia de Motorland. Responsables de la Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo expusieron hace unos días el problema a Francisco Melero, el director del servicio provincial de Economía y Empleo, del que depende Turismo.

Beatriz Borraz, gerente del colectivo hostelero, lamenta que han constatado que hay en la zona «varios establecimientos ilegales y no se hace nada para remediarlo». «Hemos dado aviso a los organismos competentes, pero no hay acciones coercitivas que permitan resolver el problema», afirma. «No queremos ir cerrando locales –aclara–, pero sí que estemos en igualdad de condiciones, porque hay una competencia desleal que pone en peligro la continuidad de los que cumplen las normas».

Los empresarios pretenden evitar en todo caso «denunciar a alguien directamente», ya que se trata de vecinos de la zona, pero piden a las administraciones «que les den un toque de atención para que reaccionen y si no, se tomen medidas, pero no es nuestra competencia», recuerda Borraz.

El listado de establecimientos irregulares enviado por la DGA a la Comarca no parece haber servido de mucha ayuda para aliviar esta situación, ya que de los tres casos detectados, una vivienda estaba dada de baja, otra había cesado en la actividad aunque no lo había notificado, y una tercera no ha podido ser localizada, informan desde el Maestrazgo.

Mientras, en la vecina comarca del Bajo Aragón la puesta en marcha de la Ciudad del Motor en Alcañiz ha obligado a una «permanente inspección», reconoce la presidenta comarcal, Ana Belén Andreu, que asegura que en los últimos tiempos la actividad turística ilegal ha motivado «denuncias formales de asociaciones del sector y de la Guardia Civil», de las que han informado a la DGA. Además, la Comarca cuenta con un inspector que ha constatado la existencia de alojamientos «no reglados», si bien Andreu admite que una sola persona no puede revisar todas las viviendas en momentos de gran afluencia como el fin de semana de Moto GP.

Páginas web propias

La presidenta del Bajo Aragón afirma que algunos de los que funcionan sin permisos incluso se anuncian a través de páginas web propias. Y ante la proliferación de esta oferta, explica que la Comarca envió una primera oleada de cartas a comienzos del pasado año a más de una docena de propietarios. «Se les da un plazo para contestar y se les cita para explicarles los trámites para registrarse», detalla.

De ese grupo, algunos optaron por seguir estas indicaciones, otros abandonaron la actividad –incluso había gente mayor a la que sus hijos había animado a sacarse un dinero, sin reparar en las consecuencias– «y a varios se les ha hecho retirar la publicidad en la que ofrecían alojamiento turístico», subraya Ana Belén Andreu. No obstante, recuerda que no todos estos tratos se hacen a través de internet, por lo que escapan a su control.

El problema se repite en otras zonas de Aragón, especialmente en el Pirineo, donde existe una gran cantidad de segundas residencias que en ocasiones también entran en este mercado ilegal.

Desde el Departamento de Economía y Empleo del Gobierno aragonés recuerdan que se han puesto en marcha inspecciones y diversas medidas para intentar atajar los alquileres ilegales en los últimos años. Asimismo se están revisando las distintas ofertas que se publican de estos alojamientos, principalmente en publicaciones y medios especializados, así como por internet.

Las inspecciones de la Dirección General de Turismo van a llegar incluso a las localidades y comarcas donde más proliferan este tipo de ofertas ilegales para el turismo, aunque por ahora los funcionarios del Ejecutivo autonómico apenas han abierto expediente o han levantado actas de sanción, a la espera de poder concretar la documentación de los que han sido detectados.

Precisamente, estos problemas son los que han impulsado la elaboración del decreto que se encuentra en trámite de información pública para poder formular alegaciones. Una vez estudiadas todas, se redactará el texto definitivo incorporando las modificaciones aprobadas.