La asistencia a domicilio a un aragonés supone un 14% más de sobrecoste que la media nacional. Y la razón no es otra que la dispersión de la población. Este es solo uno de los datos que se incluyen en el borrador de la Estrategia de Ordenación del Territorio Aragonés 2014-2015 que impulsa el Departamento de Política Territorial y que plasma la realidad demográfica y territorial de la Comunidad, además de proyectar posibles soluciones a problemas como la despoblación o el envejecimiento.

Según este documento, el 49,6% de la población aragonesa ocupa el 98% del territorio, es decir, hay 28,3 habitantes por kilómetro cuadrado, 14,3 si se excluye Zaragoza capital donde reside el 50,4% de la población. De hecho, la población media del resto de municipios es de 918 habitantes, aunque hay siete de cada diez que no llegan a los 500 vecinos. Solo 14 municipios superan los 10.000 y, además, la tendencia de los últimos años constata que la expansión demográfica se ha producido fundamentalmente en los núcleos entre 2.000 y 10.000 habitantes. Esto tiene una consecuencia directa en el coste de los servicios que hay que prestar a los aragoneses: no vale lo mismo hacerlo en Zaragoza capital o en Madrid que en Albarracín.

Por eso, desde Aragón se exige que se respeten estas características del territorio en la futura negociación del modelo de financiación autonómica y que se primen estas peculiaridades y no solo la población, donde Aragón sale perdiendo. Baste un ejemplo dentro de la propia comunidad: el coste por alumno en un instituto de Albarracín puede ser 5,80 veces superior al de uno en la capital aragonesa.

Pero hay más factores que influyen en el coste de los servicios, entre ellos, el elevado envejecimiento. Para empezar, la media de edad de los aragoneses se sitúa en 43,4 años mientras que la española se queda en 41,6. En Teruel, la cifra alcanza los 45,1. Además, el grado de sobreenvejecimiento, es decir, el peso de las personas con más de 85 años sobre el conjunto de la población mayor de 65, ha aumentado un 26% en Aragón en tan solo siete años y se sitúa ya en el 17% (en España, es del 14,3%).

A esto hay que añadir que la población improductiva (económicamente dependiente, que tiene menos de 15 años o más de 65) supera la productiva y está tres puntos por encima de la del conjunto del país (51,8% frente al 48,6%).

«Demográficamente terminales»

La Estrategia de Ordenación del Territorio Aragonés revela otras cifras llamativas. El 23,3% de los municipios aragoneses (170) son «demográficamente terminales», es decir, tienen más de un 40% de su población mayor. En concreto, de estos, hay 49 núcleos que tienen un grado de envejecimiento del 50% o superior y todos con una población de menos de 250 habitantes (26 en Zaragoza y 23 en Teruel). 

A esto hay que sumar que el 53,6% (392) de las localidades se consideran «muy viejas», puesto que su grado de envejecimiento oscila entre el 25% y el 40%. Es decir, esto significa que tres cuartas partes de los municipios «van a tener muchas dificultades para su supervivencia futura, especialmente los catalogados como terminales, al acabar las actuales generaciones mayores». Sin ir más lejos hay 188 municipios con menos de seis niños, de los que 54 no tienen ni un solo menor. En el otro lado de la balanza se sitúan los 20 municipios aragoneses con menor porcentaje de envejecimiento –considerados «los menos viejos»–, donde residen 67.645 habitantes y el grado de envejecimiento es solo del 9%. Once se localizan en Zaragoza y nueve en Huesca. En Teruel no hay ninguno.

Estos datos de envejecimiento, al igual que los de dispersión, también tienen su traslación al coste de los servicios a los ciudadanos. El envejecimiento tiene su consecuencia directa en el gasto farmacéutico por persona, que para Aragón supone un sobrecoste del 9,7% respecto al nacional.

Pero la despoblación tiene otras derivas: extensas áreas del territorio vacías, degradación del medio natural por la escasa vigilancia y del patrimonio cultural y de los alojamientos existentes. Ante este problema, Aragón ha formado un frente común con otras cinco autonomías para pedir una Estrategia Nacional para el Cambio Demográfico y buscar alianzas con regiones europeas en la misma situación con el fin de buscar nuevas vías de financiación.