"El proyecto de ley del poder judicial es un ataquea la ciudadanía"

Los trabajadores de la Administración de Justicia se movilizaron ayer para protestar contra el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)aprobado hace una semana por el Consejo de Ministros, al entender que constituye un "ataque sin precedentes" a la ciudadanía, además de que "no garantiza el mantenimiento" de los puestos de trabajo actuales.

Convocados por CC. OO., los funcionarios alertaron a los ciudadanos de la próxima desaparición en los pueblos tanto de las sedes judiciales como de los juzgados de paz, lo que les obligará a trasladarse desde su población a las capitales de provincia. Denunciaron que primero han sido las tasas judiciales, después el intento de privatizar los registros civiles y ahora el desmantelamiento de la estructura judicial actual por otra centralizada y jerarquizada.

"En Aragón hay en estos momentos 27 Agrupaciones de Paz en las que trabajan 103 funcionarios que coordinan los 203 juzgados de paz existentes", explicaba ayer José Ignacio Franco, presidente de la Junta de Personal de Justicia. "Todo esto desaparece porque, además, quieren desjudicializar las faltas", manifestó.

Añadió que también se suprimirán los partidos judiciales y las Audiencias Provinciales. "Desaparecen los partidos judiciales y se crea una gran sala de primera instancia, con jueces indiferenciados. Para el ministro no tiene sentido el poder judicial y piensa que todo lo existente son cosas del siglo XIX", señaló.

Para CC. OO., con el anteproyecto de reforma de la LOPJ no está garantizado en absoluto el mantenimiento de todos los puestos de trabajo actuales. "Anunciamos un durísimo proceso de negociación y movilización si el Gobierno no garantiza el empleo, las retribuciones, que no haya procesos de movilidad geográfica forzosa y el mantenimiento de las funciones de la administración de justicia en manos de empleados públicos". En este sentido, critican la "privatización" de los actos de comunicación judicial, embargos y la ejecución, que la ley atribuye al colectivo de procuradores.

Secretarios judiciales

Por otra parte, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) ha criticado el "retroceso" que supone la reforma y cree que es una "oportunidad perdida" para llevar a cabo una reforma "efectiva" de la Administración de Justicia

"Se pretende volver a la concepción del juez decimonónico que todo lo tiene que controlar, con la superior dirección, la dación de cuenta jurídico procesal, las funciones gubernativas que se reinventan", ha expuesto, para denunciar el "abandono y la dejación de funciones" que hace del Ministerio de Justicia.

El colectivo ha denunciado que el anteproyecto no reconozca su derecho a la negociación colectiva, les obliga a colaborar con la Administración tributaria en la gestión de tributos –algo a lo que se opone– y les mantiene las retribuciones básicas de los jueces.

También critican por "absurda" y "trasnochada" la falta leve que ha introducido el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el anteproyecto de la LOPJ para sancionar a los fedatarios públicos que "incumplan el deber de vestir y comportarse con decoro adecuado a la función". La asociación ha censurado que esta propuesta demuestra la "desconfianza" y la "poca consideración" que Gallardón tiene hacia el Cuerpo de secretarios judiciales, teniendo en cuenta que a los jueces les "presume" ese decoro cuando no cuentan con una falta paralela. "Es una falta extraída de los tratados más rancios de las buenas prácticas en los Tribunales españoles", agregado.