El PP y el PAR han rechazado una proposición de ley presentada por CHA, y que han apoyado PSOE e IU, en la que se pedía que un juez pudiera decretar la suspensión provisional de cargo público para las personas imputadas por delitos castigados con las penas de inhabilitación especial, como una forma de evitar que los políticos corruptos ocupen cargos públicos o puedan concurrir a las elecciones.

El diputado de CHA José Luis Soro ha defendido esta proposición de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo, ha dicho, de evitar que una persona imputada por delitos de corrupción siga ocupando "tan ricamente" el puesto desde el que ha estado "robándonos a todos".

"En CHA no queremos a personas imputadas por delitos de corrupción sentadas junto a nosotros o en las listas electorales", ha enfatizado Soro, quien también ha dicho que la lucha contra estos delitos no puede hacerse "solo de boquilla".

En su propuesta, CHA precisa que los principios que rigen esta petición son los mismos que regulan la prisión provisional, que permite a un juez enviar de forma preventiva a una persona a la cárcel aunque aún no se haya demostrado que esta haya delinquido.

Ha explicado que para que el juez pueda adoptar la medida de suspensión de cargo público deben darse "requisitos estrictos", los mismos que rigen para decretar la prisión preventiva.

CHA propone, así, una regulación "muy garantista", con la posibilidad de apelación y una duración "muy estricta" de la medida pero que permita evitar el hecho "incomprensible" de que personas imputadas puedan ir en las listas electorales.

El argumento de la diputada del PP Yolanda Vallés para rechazar la propuesta ha sido que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ya ha anunciado una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir procesos como los que CHA solicita y, por eso, el gobierno de la nación "no necesita" el impulso de Chunta Aragonesista.

Además, ha recordado que el gobierno central ha impulsado ya una Ley de Transparencia y, además, ha hecho una propuesta de modificación de la financiación de los partidos políticos que prevé considerar delito las prácticas irregulares.

Por el PAR, Joaquín Peribáñez ha estimado que la iniciativa "no resuelve la situación", además de que puede crear "indefensión", porque es difícil restituir a una persona que ha sufrido una medida de estas características si después se demuestra, en el correspondiente procedimiento judicial, que es inocente.

El portavoz socialista, Javier Sada, ha recordado que en otras ocasiones en las que se ha debatido en las Cortes medidas similares el PSOE votó en contra, pero este jueves, "por coherencia", la han apoyado, porque es necesario "abordar directamente y de frente" los casos de corrupción que provocan "desafección" en la ciudadanía.

Aplicar una medida de estas características es "complicado", pero a su juicio "debe hacerse" si los políticos quieren reducir "la separación y la lejanía" que los ciudadanos tienen con ellos, y no hay que escudarse en la "seguridad jurídica" para intentar "esconderse" de este debate.

También ha apoyado la medida IU, cuyo diputado Adolfo Barrena ha dicho que hay que dejarse de "palabrería" con estos asuntos, y ha calificado de "cínica" la actitud del PP, además de recordar que, en un delito de corrupción, también hay corruptores, aunque de ellos "nunca se habla" aunque sean los que están "vendiendo y comprando este país y poniéndolo en almoneda".