Aprobada la ley para evaluar y garantizar la calidad de los servicios públicos

El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves la ley de calidad de los servicios públicos para conseguir una administración más eficiente mediante la evaluación de los servicios que presta, con el único rechazo de IU, que cree que es una "operación de maquillaje".

La coordinadora de la ponencia, la diputada del PP Yolanda Vallés, ha destacado la amplia mayoría con la que se ha aprobado el texto gracias a la aportación de 71 enmiendas de la oposición que permiten tener un texto más comprometido si cabe con la calidad y la mejora continua de los servicios.

IU ha sido el único grupo que se ha opuesto a la totalidad del texto porque es, ha dicho su portavoz, Adolfo Barrena, una "operación clarísima de maquillaje" ya que no es posible dar calidad a los servicios públicos cuando diariamente están siendo "recortados, agredidos, desmontados y privatizados".

Por su parte, Ana Fernández, del PSOE, ha hecho hincapié en que a su grupo le habría gustado contar con una ley innovadora y en que no confía en que vayan a mejorar las cosas, si bien ha destacado que habrá instrumentos regulados por ley que darán la medida de los servicios que se prestan y la opinión de los ciudadanos.

José Luis Soro, de CHA, ha subrayado que la ley ha mejorado gracias a las enmiendas planteadas por su grupo, aunque ha apuntado que de un texto legal no depende la calidad de los servicios y que ésta no es posible si se sigue destruyendo el empleo público.

Antonio Ruspira, del PAR, ha agradecido al PSOE y a CHA sus aportaciones para enriquecer el texto y ha considerado un "error estratégico" que IU no se sume a una ley de calidad de los servicios públicos.

Más transparencia y participación

La ley tiene por objetivo definir el marco general de la calidad en la administración de la Comunidad mediante el establecimiento de un conjunto de medidas destinadas a evaluar las políticas públicas que diseñe y realice y la calidad de los servicios que preste a los ciudadanos, cuya ejecución se regirá por la transparencia y el derecho de la ciudadanía a acceder a la información.

Será de aplicación a la administración de la Comunidad y a los organismos públicos que de ella dependen (empresas públicas, consorcios o fundaciones, así como las personas físicas y jurídicas que gestionen o presten servicios de interés general).

La evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios se adecuará a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y participación, y se realizará mediante la aplicación de modelos que permitan la comparación de resultados, y se requerirá en todo caso la fijación previa y la difusión pública de los compromisos y de sus correspondientes indicadores.

Los resultados, conclusiones y propuestas de mejora de la evaluación serán públicos y, al menos, se publicarán en la página web del Gobierno de Aragón y en la de los organismos, entidades o empresas a los que afecten.

La ley prevé la aprobación por el Gobierno de Aragón de un Plan plurianual de mejora de la calidad de los servicios públicos que incluirá las medidas de calidad a implantar en los distintos ámbitos de gestión de las políticas y servicios públicos de la Comunidad Autónoma y una memoria económica en la que se considerará tanto el coste de las medidas de calidad a implantar como el resultado económico esperado de su aplicación.

Se fijan como medidas de calidad la detección de las necesidades y expectativas de los ciudadanos, estableciendo cauces de participación; la evaluación permanente y continua de las políticas públicas y de la calidad de los servicios; la implantación y difusión de Cartas de Servicios y de grupos de mejora; premios a la calidad de los servicios y a las mejores prácticas en la administración o las quejas y sugerencias.

También se prevé la creación de una comisión para la evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios públicos como órgano de coordinación de la administración de la Comunidad en materia de evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios públicos.