El PAR reclama el acuerdo bilateral económico-financiero Aragón-Estado

El grupo del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón va a pedir, a través de una proposición no de ley, la firma del acuerdo bilateral económico-financiero Aragón-Estado, recogido tanto en el Estatuto de Autonomía aragonés, en su artículo 108, como en el pacto de gobernabilidad PP-PAR para esta legislatura.

En rueda de prensa, el diputado del PAR en el Parlamento autonómico, Antonio Ruspira, ha subrayado que "nuestro Estatuto no es que abra una posibilidad sin más sobre un acuerdo bilateral económico, sino que lo mandata, dice que ha de hacerse, y esto desde 1996".

El parlamentario ha recordado que, a raíz de la petición de Cataluña de un pacto fiscal con el Estado, el presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, "ha anunciado que se va a revisar el modelo de financiación autonómica" y el próximo martes se celebrará la Conferencia de Presidentes, "donde se va a hablar de este asunto".

Por eso, ha estimado "importante" que el PAR recuerde su posición al respecto y también que las Cortes de Aragón se pronuncien, para agregar que la presidenta de Aragón, la 'popular' Luisa Fernanda Rudi, "de ninguna forma va ir en contra del Estatuto y va a defender los interés sociales, económicos, territoriales" de Aragón, además de que el pacto de gobernabilidad es "meridianamente claro" y no apoyar este acuerdo bilateral económico-financiero "estaría incumpliendo el acuerdo y esa situación es grave".

Ruspira ha incidido en que "queremos que se aplique la ley", como es el Estatuto, una ley orgánica que en su artículo 108 precisa que la Administración General del Estado y la Comunidad aragonesa suscribirán un acuerdo bilateral económico-financiero de Aragón con el Estado, que se formalizará en comisión mixta "y podrá ser revisado periódicamente de forma conjunta".

Ese acuerdo "tendrá en cuenta el esfuerzo fiscal de Aragón y atenderá singularmente los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial", además de que "deberá concretar de forma especial la participación territorializada de Aragón en los tributos generales que se determinen y las condiciones para la aprobación de recargos sobre tributos del sistema fiscal general", ha expuesto Ruspira.

Falto de sentido

El parlamentario ha argumentado que sin este acuerdo bilateral "queda cojo o falto de sentido todo el conjunto de recursos que le son propios a la Comunidad", para agregar que el artículo 109 del Estatuto también señala, de forma "muy clara", "cuál es el papel de la comisión de asuntos económico-financieros como garante de los asuntos de financiación autonómica específicos de Aragón".

Asimismo, el artículo 106 "habla de la posibilidad de que el Estado delegue en la Comunidad autónoma amplias facultades tributarias y prevé la creación de una Agencia Tributaria de Aragón a la que se encomendará la aplicación de todos los tributos propios, así como de los tributos estatales cedidos por el Estado a Aragón", todo esto, "enmarcado en la Constitución", en la que se precisa cuáles son los recursos financieros de las Comunidades autónomas.

Ruspira ha sostenido que la financiación autonómica es "instrumento básico, esencial, imprescindible para que Aragón pueda hacer frente con mayores garantías a la grave crisis actual", además de que "sin financiación no hay autogobierno" y "se da la triste circunstancia de que Aragón es la única Comunidad autónoma con derechos históricos forales recogidos en el Estatuto que todavía no disfruta de un tratamiento diferencial adecuado a efectos financieros".

Para el PAR, "esto es un agravio y un perjuicio claro para todos los aragoneses y todo el tejido económico de Aragón" y, por eso, su grupo parlamentario va a defender en el pleno de las Cortes aragonesas una iniciativa que insta al Gobierno autonómico para que, ante cualquier revisión del actual modelo de financiación autonómica, "defienda los instrumentos del Estatuto mediante la firma del acuerdo bilateral económico-financiero Aragón-Estado".

Igualmente, que el Gobierno autonómico "exija" el cumplimiento de los criterios de financiación fijados en el Estatuto de Autonomía, como son el esfuerzo fiscal y la estructura territorial y poblacional, concretamente, el envejecimiento, la dispersión y la baja densidad, así como los desequilibrios territoriales.

A su entender, "ahora toca hablar de financiación autonómica", para argumentar que el Estado del bienestar está transferido a las Comunidades autónomas y "sin la adecuada dotación de financiación desde la Administración general es imposible gestionar nuestras cuentas".

Igualmente, ha opinado que el presupuesto es "el equilibrio entre los ingresos y gastos" y "no podemos estar solo hablando de ajustes" y de objetivos de déficit, sino que también hay que "abrir el debate de los ingresos adecuados para todas las Comunidades autónomas".

Repercusión del IVA

El diputado del PAR ha comentado que, mientras se mantiene el actual sistema de financiación, es preciso "estar vigilantes para que Aragón se beneficie al máximo de todos ingresos posibles".

En este sentido, el parlamentario del mismo grupo, Manuel Blasco, ha explicado que la ley actual recoge que de la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el 50 por ciento corresponde a las Comunidades autónomas y el otro 50 al Estado y ha recordado que las Cortes aprobaron por unanimidad defender que "Aragón se beneficie del incremento del IVA que ha entrado en vigor el pasado 1 de septiembre".

Sin embargo, el Gobierno central "ha decidido que lo que se recaude de más no será para las Comunidades autónomas, sino que se descontará, disminuyéndolo del fondo de suficiencia", para calificar de "injusto" que si hay más ingresos "se los quede el Estado".

Al respecto, ha esgrimido que "son las Comunidades autónomas las que soportan los servicios más importantes a la ciudadanía, como la educación, la sanidad, los servicios sociales y la justicia" y son las que están haciendo "más esfuerzo para contener el déficit".

"Es injusto e insolidario" y "ese incremento del IVA y de los impuestos especiales debe repercutir también en las Comunidades autónomas", ha reclamado, o, al menos, puesto que el Estado solicita "los excesos que ha habido de anticipos" en años anteriores, lo que ingrese de más por el IVA y corresponda al 50% de las Comunidades, "lo descuenten de esos anticipos".