La reforma de la ley de la dependencia destruirá en Aragón más de 300 empleos en este año, además de depreciarse las atenciones que reciben casi 30.000 personas y de reducirse la aportación estatal en un 27,24 %, es decir, en más de una cuarta parte.

Esta reducción, de 14,2 millones de euros que la comunidad dejará de percibir, es superior al porcentaje de la media estatal, del 23,02 % menos, por lo que Aragón es una de las autonomías que se verá especialmente afectada, después de La Rioja, Asturias y Castilla y León, según un informe del impacto económico de la reforma de la ley en la región.

En el informe, hecho público este viernes y elaborado por el Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, se denuncia que cada persona con derecho reconocido cobrará en cinco meses, del 1 de agosto al 31 de diciembre, 344,63 euros menos.

Sólo los beneficiarios de Baleares y Canarias se verán más perjudicados que los de Aragón, agrega el documento.

En cuanto a la inversión total en el sistema de atención a la dependencia, se reducirá en 2012 la comunidad en más de 28,5 millones.

"Invertida inteligentemente en servicios necesarios para las personas dependientes, esta cantidad habría supuesto la creación de 850 puestos de trabajo y unos retornos, directos e indirectos, a las arcas públicas de 12,4 millones que, sumados a los retornos inducidos, podrían haber alcanzado una cifra cercana a los 17,3 millones", agrega el informe.

Por el contrario, se depreciarán todas las atenciones a casi 30.000 personas, se destruirán en Aragón "con toda seguridad" en lo que resta de año más de 300 puestos de trabajo y se incrementará el déficit público al detraerse aún más los ingresos derivados de los retornos que aporta el sector de las atenciones personales en servicios sociales.

El informe insiste en que Aragón es una de las comunidades que va a resultar "especialmente afectada y perjudicada" por las reformas del gobierno en la Ley de la Dependencia, ya que dejará de recibir este año 14.261.206,13 euros de aportación estatal por la supresión del nivel acordado y reducción del nivel mínimo.

Una reducción que supone que la aportación estatal a Aragón en materia de atención a la dependencia se reducirá en un 27,24 %, es decir, en más de una cuarta parte.

Por su parte, el gobierno de Aragón ahorrará más de 12 millones de su propia aportación, por la reducción del 15 % de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales, y la supresión de la retroactividad.

De esta forma, según el informe, el conjunto de estas medidas, es decir, la diferencia entre la menor aportación estatal y el ahorro del presupuesto de la comunidad, arroja un saldo negativo de 2,14 millones para Aragón.

Impacto de los recortes

El impacto global de las medidas de ahorro, tanto estatales como autonómicas, sobre el total de aportes públicos al sistema es, en el caso de Aragón, de más de 26 millones, lo que supone en porcentajes una reducción del 17,3 %, frente al 11,2 % de reducción en el conjunto del Estado, y solo superado por Baleares y Murcia.

Un hecho que se une a la paralización "de facto" de la aplicación de la ley en la comunidad, con más de 9.000 personas sin recibir el servicio o la prestación a la que tienen derecho, y al elevado componente de prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales, con uno de los porcentajes más altos del Estado, superior al 62 % del total de prestaciones y servicios reconocidos.

Esta situación específica de Aragón, unido al "gran impacto negativo" de las medidas de ahorro "dictadas" por el gobierno, tienen como resultado "una mayor destrucción de la red de servicios, cierre de empresas del sector, pérdida de empleos, descensos en la recaudación pública y, como única salida para las personas, el refugio en unas cada vez más miserables prestaciones económicas a las familias que cuiden de los suyos ante la imposibilidad de costearse servicios".

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lamenta que Aragón haya pasado de ser una de las comunidades "punteras" en la aplicación de la ley a ser una de las que con "mayor rigor" está destruyendo el sistema, hasta haberlo prácticamente paralizado.

Asimismo, denuncian el "absoluto seguidismo" que el gobierno aragonés tiene de las directrices estatales y muestran su preocupación por la "falta de liderazgo político" de la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia y de su consejero, Ricardo Oliván, y por la "falta de ideas" del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) que se limita a aplicar recortes sin buscar otras alternativas.