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La ley de Economía Sostenible ¿se sostiene?

¿Se sostiene el calificativo sostenible del proyecto de ley económica que ha presentado el Gobierno central? Expertos de distintos campos encuentran un texto con buenas palabras pero también con contradicciones, incertidumbres y ocasiones perdidas, aunque con una revolución: la de la vivienda

El importe medio del total de hipotecas sobre fincas constituidas en abril se situó en 129.734 euros
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HERALDO

El Gobierno acaba de presentar el proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES), que ahora se encuentra en fase de tramitación parlamentaria. Se trata de un borrador legislativo que se ha hecho público en combinacion con una estrategia y cuyo objetivo es, según palabras del presidente Zapatero, “contribuir al cambio del modelo productivo”. La última crisis económica mundial parecía mostrar la quiebra de ese modelo por lo que el calificativo sostenible que aparece en la ley fue recibida con muchas esperanzas desde diversos colectivos sociales.

¿Se sostiene esa ilusión? Para Llorenc Serrano, secretario confederal de medio ambiente de Comisiones Obreras, “la ley pone el acento en tres vectores de sostenibilidad: económico, social y ambiental, pero en momentos de crisis, siempre los más fuertes son los dos primeros y el ambiental acaba cayendo”. Victor Viñuales, director de Fundación Ecología y Desarrollo, aunque lamenta “que no haya habido más participación social, pues cambiar todo un sistema productivo no es fácil”, defiende la existencia de la ley y pide que no la ‘tumben’ en el trámite parlamentario en que ahora se encuentra.

¿Qué dinero hay para esta sostenibilidad? Desde Moncloa se insiste en que hay que confiar en la ley, que es “una reforma con calendarios y con dos instrumentos de financiación: los préstamos del Fondo ICO de Economía Sostenible y el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (el Plan E)”. Desde algunos sectores, sin embargo, se pregunta el por qué de la elección de estas herramientas, que son fondos coyunturales, y si no sería mejor hacer dirigir esas ayudas directamente al ICO, con fondos estructurales. Por otra parte, la ley recupera una deducción que estaba a punto de perderse: la que se realiza sobre el impuesto de sociedades por inversiones medioambientales, que pasa del 4% al 8% si se aprueba este proyecto. Una pincelada dentro del cuadro del sistema tributario que es juzgada insuficiente.

OMISIONES

José Luis Bermejo, doctor en Derecho y especialista en derecho ambiental, subraya como una gran ausencia la omisión de la agricultura “una actividad económica de incidencia ambiental indudable”. Serrano añade a este sector otros dos: “Gestión de residuos y de aguas”. Por otro lado, Bermejo señala la ley como “una ocasión perdida para hacer obligatorias las claúsulas ambientales en la contratación pública, que solo son optativas”.

Que la ley es ambigua es un percepción generalizada. “ En cuanto a eficiencia energática, habla de fomentar, impulsar… apenas hay términos de obligación, se deja al albur de lo que se quiera hacer”, afirma Sabina Scarpellini, directora de gestión de CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, de la Universidad de Zaragoza). Aporta más propuestas: “Nos gustaría que se hablara de disminución del uso de recursos naturales y no de uso racional, o que dijera sostenibilidad y no responsabilidad ambiental”.

Cuatro son las patas sobre las que se apoya el argumento de la sostenibilidad ambiental de la futura ley: medidas energéticas, reducción de emisiones, transporte sostenible y actuaciones sobre las viviendas. Analizamos a continuación cada uno de estos sectores.

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