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TRIBUNALES

La ex alcaldesa de Tarazona será juzgada este mes acusada de un delito de prevaricación

El fiscal pide para ella 7 años de inhabilitación por otorgar licencia de ocupación para unas viviendas "irregularmente construidas"

Ana Cristina Vera, a la derecha, junto a su letrado.
La ex alcaldesa de Tarazona será juzgada este mes acusada de un delito de prevaricación
nora bermejo

La ex alcaldesa de Tarazona y actual diputada en las Cortes de Aragón, la socialista Ana Cristina Vera Lainez, será juzgada este mes como presunta autora de un delito de prevaricación y otro relativo a la ordenación del territorio. El fiscal pide para ella siete años de inhabilitación especial y una multa de 3.600 euros (doce meses con una cuota diaria de 10 euros) por su intervención urbanística en el conjunto residencial "Torres del Moncayo", en el barrio turiasonense de La Faceda.

 

Por su parte, la acusación particular, en representación de la Asociación para la Defensa en la Adquisición de la Vivienda (Adavi), solicita diez años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público o responsabilidad política. Sin embargo, su abogado defensor, Jesús García Huici, pide la absolución.

 

El juicio será celebrado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por la condición de aforada de la diputada socialista y tendrá lugar los próximos días 23, 24 y 25 de septiembre.

 

La polémica por la promoción residencial en el barrio turiasonense de La Faceda comenzó hace años.

 

El fiscal considera que, en octubre de 2004, cuando Ana Cristina Vera ocupaba la Alcaldía de Tarazona, otorgó la licencia de primera ocupación para veintidós viviendas "irregularmente construidas" pese a conocer, en su opinión, que el proyecto ejecutado no se ajustaba al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.

 

El escrito del representante del ministerio público recoge que el informe del arquitecto municipal, que se elaboró con carácter previo al acuerdo, recogía que estas edificaciones no habían obtenido "la calificación de Vivienda de Protección Oficial (VPO) definitiva", y que, por este motivo, el proyecto ejecutado no se ajustaba a lo prescrito en el vigente PGOU. Además añadía que estos inmuebles serían la "única excepción" a los parámetros que se venían aplicando en todo el sector.

 

Aunque se hacía referencia a las condiciones urbanísticas de los pisos como si fueran VPO (con una parcela mínima de 137 metros cuadrados y una ocupación máxima del 45%), el fiscal apunta que ni siquiera se solicitó la declaración inicial de los pisos como protegidos. Además, la mayoría de las parcelas individuales de la urbanización tenían una superficie inferior a 225 metros cuadrados (la mínima exigida por ley a las viviendas libres).

 

En cuanto a la concesión de la licencia urbanística en noviembre de 2002 , el ministerio público entiende que no se ha acreditado que la comisión de gobierno que la otorgó llegara a tener conocimiento de la irregularidad, ya que ésta venía informada favorablemente por el arquitecto municipal.

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