Principales hitos de la transformación social: mujer, familia y derechos

Mientras a día de hoy se espera la entrada en vigor de la conocida como ‘ley trans’, que establece que cualquier persona, a partir de los 16 años, puede cambiar su nombre y sexo en el registro civil con su sola declaración expresa, hace cuarenta años, las organizaciones de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) dejaban de ser clandestinas. Estos hechos, que evidencian los logros del colectivo en la lucha por sus derechos, ilustran uno de los muchos cambios que han transformado a la sociedad desde 1982, cuando el Estatuto de Autonomía de Aragón echaba a andar.

Así, la legalización del Front d’Alliberament Gai de Catalunya en 1980, asociación activista homosexual, marcó un punto de inflexión en el movimiento LGTB en España, a cuya visibilización contribuyó la expansión del SIDA a nivel internacional. Dicha visibilización se retrasó en Aragón, en parte por el "sexilio rosa" que llevó a muchas personas a las grandes ciudades, según apunta desde el colectivo Towanda Pepe Paz, y también por la propia composición demográfica del territorio: "Ha sido difícil generar una masa crítica que permitiera crear un espacio seguro para expresar libremente la orientación e identidad sexuales", explica. Así, señala que la primera manifestación del Orgullo LGTBQI en Zaragoza no se produjo hasta 1998 y apenas congregó a una treintena de personas, frente a las 3.000 del pasado mes de junio. En Huesca o Teruel, los desfiles conmemorativos no se produjeron hasta hace cuatro y cinco años respectivamente.

Los avances en este ámbito han contribuido, entre otros, a alterar el núcleo esencial de la sociedad, que es la familia, tradicionalmente compuesta por un hombre y una mujer casados y con voluntad de tener hijos. Especialmente cuando en 2005 se aprobó en España el matrimonio homosexual y, con él, la posibilidad de que dos personas del mismo sexo tuvieran la opción de adoptar.

Aquel concepto clásico de familia ya había empezado a revolucionarse mucho antes con la Ley del Divorcio, que permitió la disolución del matrimonio a partir del 22 de junio de 1981. Hecho que se normalizó en 2005 con la llamada Ley de Divorcio Exprés, que autorizaba la separación sin necesidad de alegar una causa.

Estos marcos normativos, entre otros factores, han derivado en nuevas formas de familia: de tamaño más reducido y de carácter más diverso. Según la Encuesta Continua de Hogares del INE de 2020, en un 26% de los hogares solo vive una persona, las parejas con hijos que conviven en el hogar suponen el 33%, mientras que las parejas sin hijos en casa ascienden al 21%, aumentando el número de las que conviven sin estar casadas. El 10% se corresponde con el hogar monoparental, ya sea materno o paterno, y el resto con otro tipo de relaciones con personas ajenas al núcleo familiar.

'Si nosotras paramos'

El 8 de marzo de 2019 varias manifestaciones históricas se producían en las principales ciudades aragonesas y en distintos municipios del territorio. Una nueva ola feminista recordaba que si las mujeres paraban ‘se paraba el mundo’ y para que eso no ocurriera había que atender importantes demandas de corte social.

Hasta llegar a este punto, varios fueron los hitos históricos que se sucedieron en el campo de los derechos de la mujer en España. Uno de ellos fue el ya mencionado divorcio y otro, la liberalización del aborto. Su despenalización en 1985 permitía la interrupción del embarazo cuando este suponía un riesgo grave para la salud de la mujer, era consecuencia de una violación o se certificaban malformaciones en el feto. No fue hasta 2010 cuando se legalizó el aborto libre, cuya reforma debate ahora el Congreso para autorizar que las jóvenes a partir de los 16 años puedan decidir si continuar o no con su gestación sin tener que contar con el permiso paterno.

Otro de los marcos legislativos más importantes para los derechos de la mujer fue la aprobación en 2004 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, destinándose por primera vez una serie de recursos para combatir esta lacra que, desgraciadamente, continúa de plena actualidad.

EFE

Una sociedad multicultural y solidaria

En 1982, residían en Aragón 2.364 extranjeros y en 2021 se contabilizaron un total de 162.349, según fuentes del Instituto Aragonés de Estadística. No solo el número refleja la evolución de la inmigración en la Comunidad, sino también las distintas procedencias del colectivo y, especialmente, los avances en materia de derechos sociales.

En cuanto a las causas que mueven a las personas a dejar su país de origen, la principal sigue siendo "la búsqueda de una vida mejor". Así lo afirma la coordinadora de la Oficina de Información y Denuncias de SOS Racismo Aragón, Katrina Belsué, quien explica que detrás de las migraciones siempre hay dificultades económicas, políticas o coyunturas bélicas.

Para explicar el notable aumento del movimiento migratorio en la Comunidad, Belsué aclara que a principios de la década de los ochenta, España estaba atravesando una situación crítica, tras una dictadura y un periodo de transición política, en la que apremiaba una profunda modernización socioeconómica. No era, por tanto, un destino atractivo para la inmigración, que se decantaba por otros países europeos.

Desde SOS Racismo Aragón aseguran que mientras siga habiendo desigualdades, países con situaciones políticas inestables y con dificultades para el acceso a la educación y la sanidad, el movimiento migratorio seguirá existiendo, aunque quizá su crecimiento sea más ralentizado que el registrado en estas últimas cuatro décadas. Así, la procedencia de esa migración dependerá de las circunstancias que marquen a los distintos países. Por ejemplo, la guerra en Ucrania ha provocado que haya más de 3.000 solicitudes de acogida de refugiados en Aragón este año. Aunque algunos ya han regresado a sus casas, otros se han quedado para construir una nueva vida.

Actualmente Rumanía, Marruecos, Nicaragua y Colombia son las nacionalidades más comunes en la región, responsables de la creación de importantes redes de apoyo que sirven, a su vez, de reclamo para amigos, familiares y compatriotas en general.

En el Estatuto de Autonomía de Aragón del año 1982 no se hacía referencia a la inmigración, sin embargo, sus derechos fundamentales estaban protegidos a través de la normativa internacional y de la Constitución Española. No obstante, pocos años después, en 1985, el país aprobó su primera Ley de Extranjería, una controvertida normativa que revocaba los derechos de quien no gozara de una situación legal y limitaba su permiso de trabajo a la escasez o no de la mano de obra española. Su restrictiva regulación provocó, incluso, que el Tribunal Constitucional anulara varios de sus preceptos que, sin embargo, fueron retomados en una reforma de la ley, en el año 2000, y que tampoco contó con una buena acogida en el ámbito social. De hecho, este marco legislativo ha experimentado diversas modificaciones, la última de ellas el pasado 15 de agosto, y permanece en vigor en la actualidad.

Mientras tanto, en Aragón, las reformulaciones del estatuto de 1994 y 1996 reafirmaban que quedaban "reservadas al Estado todas las competencias en materia de migraciones interiores y exteriores". No fue hasta la reforma del estatuto de 2007 cuando se redactó en el artículo 29: "La integración socioeconómica de las personas inmigrantes, la efectividad de sus derechos y deberes, su integración en el mundo educativo y la participación en la vida pública".

En cualquier caso, Katrina Belsué, de SOS Racismo Aragón, señala que, a su juicio, "las leyes de extranjería están hechas desde un punto de vista que busca el control, en lugar de hacerse teniendo en cuenta los derechos fundamentales de la ciudadanía". Reconoce, al mismo tiempo, que la normativa vigente, desde la ley hasta el estatuto, "ofrece libertad para hacer políticas más integradoras y ampliar derechos, pero hay que ver cómo se interpretan esas leyes y, por tanto, cuál es su aplicación".

Carlos Moncín/Archivo Heraldo

A la creación de una sociedad multicultural también ha contribuido el interés con que los aragoneses han mirado lo que sucedía más allá de sus fronteras. Si en los comienzos de los ochenta eran escasas las oenegés y asociaciones de ayuda internacional que operaban en la Comunidad, en los noventa la cooperación al desarrollo se constituyó en una de las políticas del Gobierno de Aragón.

En 1994 se publicó el decreto autonómico que regulaba la ayuda a los países del Tercer Mundo y, en ese mismo año, los ciudadanos protagonizaron en la ciudad de Zaragoza uno de los actos solidarios más destacados de la época, cuando cientos de ellos acamparon en el paseo de la Constitución de Zaragoza durante un mes para exigir que se destinara el 0,7% del PIB a ayudar a los países menos desarrollados.

En la actualidad son muchas las iniciativas de cooperación al desarrollo que se llevan a cabo en la Comunidad. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2020 se gestionaron, en Aragón, 298 proyectos con una financiación de 14.293.850 euros.