Origen y evolución de la RSC: de la caridad a la legislación, pasando por la Gran Depresión

Aunque en la actualidad buena parte de la población está familiarizada con el concepto, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un pilar de las organizaciones españolas desde hace relativamente pocos años. Uno de los grandes puntos de inflexión a este respecto fue su inclusión en la legislación del país, que tuvo lugar en 2014 y que atribuyó responsabilidades a los consejos de administración.

La Ley 31/2014, por la que se modificó la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo, reflejó este nuevo escenario, que establecía que los consejos no podrían delegar las facultades de decisión sobre estas cuestiones. En el plano europeo, resultó fundamental la aprobación de la Directiva 95/2014 de la Unión Europea (UE) que, tomando como base el Libro Verde de 2011, exigía por primera vez que las empresas incluyeran en sus informes aspectos ambientales, como las emisiones de carbono; sociales, como el respeto de los derechos laborales; y de buen gobierno, como la fijación de políticas anticorrupción.

No obstante, algunos autores sitúan hace más de un siglo el nacimiento de la RSC. Concretamente en 1919, con el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo, agencia de la ONU encargada de esta materia, y el desarrollo de las primeras acciones al respecto. En los años 20, se comienza a debatir sobre el término en diversos ámbitos académicos y empresariales. Mientras que la siguiente década, la de los treinta, vería cómo se intensificaban estas actuaciones a raíz de la Gran Depresión, la fuerte crisis económica que trajo como consecuencia elevados niveles de desempleo y pobreza en lugares como Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Impuestos

Precisamente en el país norteamericano, el sector privado adquirió más conciencia sobre este tipo de aspectos en los años 50 y 60, un periodo en el que se entendió que había una necesidad de impulsar determinadas causas sociales. Surgieron entonces allí mecanismos tributarios para incentivar las contribuciones caritativas, lo que representaba menores impuestos a pagar para las empresas.

Los siguientes años acentuaron los proyectos existentes en torno a estas acciones, a medida que se iba consolidando el estado del bienestar en diversos países. Otro momento importante en este ámbito se produjo en 1997, cuando se creó el Global Reporting Initiativese (GRI), institución colaboradora de la ONU cuyo principal objetivo fue armonizar y estandarizar la elaboración de memorias de sostenibilidad para aquellas empresas que deseasen medir y reportar su desempeño económico, social y medioambiental.

Su nacimiento dio pie a una espiral de movimientos multilaterales e iniciativas corporativas que cristalizarían en el Pacto Mundial del 31 de enero de 1999, emanado desde Naciones Unidas. Este daría un impulso definitivo a toda una serie de proyectos en materia de derechos humanos, trabajo, medioambiente y lucha contra la corrupción que se venían gestando en numerosas organizaciones.