En la primera línea de lucha frente a la pandemia del coronavirus están las mujeres: profesionales sanitarias, voluntarias al cargo de cuidados de personas y de comunidades, gestoras de transporte y comercios, responsables políticas, científicas, educadoras... Ahora bien, la Covid-19 ha mostrado la cara más dura de las desigualdades, no solo en el ámbito sanitario. Los datos en materia laboral muestran una brecha salarial entre hombres y mujeres del 22% y una mayor afección por ERTEs en mujeres (51%) que hombres (49%). Si el punto de partida era ya injusto, la actual crisis impactará de forma más significativa en las mujeres, con mayor pérdida de empleos y los consecuentes efectos negativos a medio plazo. 

Por todo ello, es de vital importancia que no se retroceda ahora en los avances conseguidos en los últimos años en materia de género. Más bien al contrario, es preciso tener claro que la recuperación social y económica es la oportunidad para conseguir una sociedad más resiliente, sostenible e inclusiva.

La reactivación de la economía pasa por una cooperación estrecha de todos los agentes y por aprovechar los talentos y capacidades, especialmente de las mujeres. En este sentido, la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica está alineada con con la Agenda 2030 que establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que asegura que las actividades acordadas tienen una consideración especial para las mujeres y las niñas, especialmente las de los grupos más vulnerables o en mayor riesgo de exclusión, sea por su posición social, edad, raza u origen geográfico. 

El mensaje es claro: todos –incluidos gobiernos, empresarios, centros investigadores, Oenegés, etc.– debemos asegurar la justicia social y atacar las barreras sistemáticas que apuntalan las desigualdades existentes. Una serie de relevantes asuntos que se tratan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la citada Agenda 2030 del organismo internacional, concretamente en el ODS 5 –relativo a la igualdad de género–, ODS 10 –reducción de desigualdades– y ODS 16 –paz, justicia e instituciones sólidas–.

Contra la violencia

La forma más terrible, brutal y dolorosa de desigualdad es la violencia contra las mujeres. Lamentablemente, desde la aparición de la pandemia esta lacra se ha intensificado en todo el mundo. Erradicar la violencia en el hogar y proteger y cuidar a las mujeres y niñas que la sufren es una prioridad para el Gobierno de Aragón.

Durante el confinamiento, se reforzó la asistencia a las víctimas de violencia machista en la Comunidad con el programa ‘No te dejamos sola’, que supuso un refuerzo de los servicios mínimos y la reorganización del sistema ante las nuevas necesidades que surgieron, así como una intensificación de la comunicación con las mujeres en riesgo desde el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). 

Muestra de la colaboración institucional en este sentido es la activación que ha llevado a cabo esta misma semana el Gobierno de Aragón entre el IAM y otros cinco departamentos del Ejecutivo autonómico –Educación, Sanidad, Ciencia, Ciudadanía y Economía– para garantizar el adecuado uso de 4,65 millones de euros de los fondos provenientes del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, aprobado por unanimidad en el país en 2017. 

Vivienda social

Otra de las prioridades de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica es que las pérdidas sean lo menores posibles y que se siga protegiendo a los más vulnerables, teniendo siempre presente la igualdad de género.

Entre las 273 medidas acordadas en el apartado de vivienda social, las hay destinadas al alquiler social para las víctimas de violencia de género, entre otras personas especialmente vulnerables. Asimismo, cabe subrayar en este ámbito los servicios de mediación hipotecaria y de alquiler, así como la gestión de ayudas y de realojo de familias desahuciadas, sin hogar o víctimas de violencia de género.

Ámbito rural

Si se pone el foco en el ámbito rural, se observa que aún queda camino por recorrer en lo referente a la participación de la mujer. Según datos del Gobierno de Aragón de 2019, su afiliación a la seguridad social agraria es del 21,38% y solo el 7% de las personas que trabajan a tiempo completo son mujeres. Asimismo, estas son titulares del 23,13% de las explotaciones, un porcentaje que baja al 16,89% si se contabilizan los jefes de explotación.

Por otra parte, en la Comunidad se siguen desarrollando medidas legales, económicas y sociales destinadas a reforzar los puestos de trabajo y la posición social de las mujeres, una información que se puede consultar en la web www.aragon.es/mujeresrurales, donde también pueden aportarse sugerencias.

Además, el Ejecutivo autonómico colabora con la Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias (FACA) y los sindicatos del sector para animar a las mujeres a participar en los órganos de toma de decisiones. También se trabaja para incorporar la perspectiva de género en la próxima planificación del Programa de Desarrollo Rural (PDR).

Por último, y junto con la Universidad de Zaragoza, se ha desarrollado el Índice Vimur para estudiar y comparar numéricamente la situación de las mujeres entre territorios.