Un plan de acción para ayudar a las pymes y a los autónomos de Aragón

Cepyme Aragón presentó, el pasado viernes, un documento que llama a las administraciones a actuar en varios ejes, desarrollando para cada uno de ellos una o varias líneas de acción con propuestas concretas que coadyuven al sostenimiento de las pymes y el empresariado autónomo a corto, medio y largo plazo. Según explican desde la confederación, "la necesidad de este plan viene determinada por la pandemia. Tras un año de crisis sanitaria, económica, política y social –remarcan–, la totalidad de las pymes y el empresariado autónomo aragonés necesita y reclama respuestas y acciones concretas para paliar, ayudar y favorecer su sostenibilidad y, en consecuencia directa, del empleo y de la sociedad".

Desde la organización señalan: "El toque de queda, las restricciones de movilidad, aforos limitados, los confinamientos perimetrales, un estado de alarma prolongado o la prohibición de desarrollo de actividades empresariales son medidas impuestas por las circunstancias que están provocando el hartazgo, la desesperación y el cierre de muchos negocios. El riesgo de quiebra de empresas a gran escala amenaza una recuperación postcovid, que se antoja a largo plazo, dado que no existe ninguna previsión y la incertidumbre y la falta de ayudas agravan la situación".

Por eso, desde Cepyme Aragón plantean una serie de acciones de compromiso por las pymes "que busquen ayudar de forma activa, que simplifiquen la burocracia, que detengan la caída de los sectores económicos, acompañados por un sólido sector digital y energías renovables, mejoraren la educación, la sanidad, aumenten las ayudas a la ciudadanía y incrementen y mejoren las oportunidades de trabajo, que son esenciales para no caer en un desastre económico y social solo comparable con situación de guerra".

"El déficit de capital, la restricción del crédito, el retraso eterno en el pago a los proveedores de administraciones públicas y grandes compañías o la depresión en los niveles de ventas, prácticamente de todos los sectores, hacen que la solvencia de las pymes y de los autónomos empiece a caer por debajo de los niveles mínimos", señalan desde Cepyme Aragón.

"Contra los argumentos esgrimidos anteriormente habrá voces que defiendan que las empresas deberían ser capaces de incorporarse a la llamada economía en tiempo real que anuncia la digitalización. La adaptación a las nuevas velocidades de los mercados –apuntan–, los nuevos canales de venta y la flexibilidad en la gestión es inherente a las pymes y al empresariado autónomo. Es por ello que al ser punta de lanza de los nuevos sistemas productivos deben ser apoyados con más contundencia y decisión por parte de la Administración, sobre todo central. De esta manera la formación y la capacitación empresarial debería suponer una de las grandes líneas de actuación a tener en cuenta".

Para la organización: "El criterio de exigencia social que está soportando la pyme a día de hoy está haciendo que muchas de ellas opten por abandonar, ahondando más la brecha con la polarización de grandes empresas y empresariado autónomo. Esa exigencia y responsabilidad social exigible al pequeño empresariado debería ser reclamada al Gobierno central. Avalanchas de ERTE con dificultad de ser tramitados correctamente, sistema sanitario débil, sistemas de información obsoletos, legislación excesiva e inabordable y un largo etcétera dejan mucho que desear y están destrozando la economía".

"La crisis política e institucional y, en definitiva, de valores constitucionales, está convirtiendo a las pymes y al empresariado autónomo en el principal perjudicado: un colectivo olvidado y desprestigiado, a pesar de ser el principal cotizante a las arcas públicas proporcionalmente más que la gran empresa y que emplea a siete de cada diez personas activas por cuenta ajena en España –afirman desde Cepyme Aragón–. La incapacidad irresponsable y el desconcierto político del sistema actual está retrasando la llegada de las tan esperadas y tan vendidas ayudas europeas, que puede ser interrumpida por la denuncia de un solo estado miembro en cualquier momento".

Los responsables de la organización también denuncian "la falta de sensibilidad, conocimiento y empatía por parte del sistema hacia las pymes y el empresariado autónomo". "Hoy, esa mayoría empresarial alza su voz para exponer los numerosos agravios que sufre y para reclamar cambios profundos e inmediatos, reflejando el sentimiento de todas las pymes y autónomos de España". "No podemos permitir que ser empresario o empresaria se haya convertido en una rareza o en un milagro en nuestro país, y que nuestros jóvenes elijan antes el camino del exilio o el funcionarismo que crear aquí su empresa. Es el momento de reivindicar el lugar que les corresponde y la atención que merecen quienes levantan cada día la persiana, el empresariado autónomo que por la mañana enciende las luces de su taller, quien hace una factura en domingo o quien se pasa la noche terminando un encargo", concluyen desde Cepyme Aragón.

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El cartel del documento que ha presentado Cepyme Aragón.

Las medidas que propone Cepyme Aragón

Personas

Personas por cuenta ajena (empresas).

Prórroga de ERTE hasta 6 meses después de la finalización de los efectos del estado de alarma.
Ampliación de los Cnaes contenidos en el Anexo del RD 2/2021 de 26 de enero para la exoneración en la cotización de a la Seguridad Social de aquellos sectores o actividades con estacionalidad tanto en los casos de prórroga de ERTE FM como en los de ERTE ETOP.

Personas por cuenta propia

Establecimiento de un renta mínima de subsistencia para toda aquella actividad empresarial (esencial y no esencial) desarrollada por una persona que se ha visto abocada al cierre.
Eliminación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Desarrollo de la Ley de Segunda oportunidad ligada a la viabilidad empresarial.

Adaptación de la normativa vigente en tal materia así como su adecuada promoción para constituirse como herramienta eficaz para el empresario.

Empresas

Ayudas directas.

Compensación económica a todas las actividades por alteración de las condiciones de mercado durante más de 12 meses.
Compensación por inversiones y gastos en equipamiento contra la covid: Suministro de guantes, mascarillas, batas protección, mamparas, desinfectantes, etc.
Gastos corrientes de mantenimiento del establecimiento: alquileres, electricidad, suministros de gas y agua, conexión a internet y sistemas de alarmas, entre otros.
Gastos derivados de la adecuación a nuevos protocolos de PRL.
Compensación en un importe equivalente del 75% de los sueldos de las empresas que acrediten estar afectadas en el sector y siempre con el compromiso de mantenimiento de la plantilla (puesto en marcha en Dinamarca).
Exención del IAE a aquellas entidades limitadas en su actividad por el estado de alarma.
Ayuda directa en concepto de compensación por día de cierre o limitación de actividad.

Acceso, codiseño y ejecución de un programa de diagnósticos de viabilidad empresarial para acceso a las ayudas públicas basado en la excelencia sobre tres pilares: sostenibilidad, digitalización y capacitación. Todo ello ligado con la reinvención empresarial y la segunda oportunidad.

Liquidez y acceso al crédito.

Articular herramientas para facilitar la financiación de las pymes y del empresariado autónomo mediante aportaciones o formas de participación en el capital de las mismas mediante créditos participativos para reforzar sus balances.
Ampliación del periodo de carencia de los créditos ICO e incremento del plazo de los mismos, pasando de seis a diez años.
Garantizar la cadena de pago a todos los niveles obligando a acreditar el pago a proveedores por la Administración.
Apostar por las fusiones, como alianza estratégica, para sobrevivir ganando dimensión de empresa.

Reactivación económica transversal

Fomento del consumo local apostando por los sistemas de bonos-consumo.

Universalizar los sistemas de bonos-consumo a nivel regional.
Incentivar la actividad de los sectores más damnificados devolviendo el IVA soportado al consumidor final para gastarlo posteriormente en compras de esos mismos servicios (IVAucher portugués).
Reivindicar el factor geográfico (cercanía) como valor añadido de la actividad.

Desarrollo de planes específicos de contingencia y reactivación para sectores y subsectores no esenciales e igualmente afectados.

Administración

Impuestos y tasas.

Exención de impuestos y tasas proporcional a los días de cierre o afección a las actividades empresariales obligatorios: IBI, tasas municipales, etc.
Condonación de la cuota autónomos de manera inmediata, hasta 60 días desde la finalización de los efectos del Estado de Alarma.
Moratoria en el pago del IRPF 2020 de doce meses con posibilidad de aplazamiento posterior del mismo hasta 12 meses adicionales sin recargo.
Revisión del criterio de caja y el establecimiento de las medidas oportunas para conseguir un sistema efectivo de diferimiento del ingreso del impuesto hasta el cobro de facturas.

Articulación de un sistema flexible y ágil de compensación o de formas transaccionales de pago de aquellas deudas de carácter público –Seguridad Social y Hacienda, fundamentalmente–.

Aceleración en el pago de devoluciones tributarias con aplicación de fórmulas de corrección para las que se realicen fuera de plazo.

Deducciones, bonificaciones y beneficios fiscales.

Incluir inmuebles y terrenos afectas como inversión en las deducciones por actividades de investigación y desarrollo.
Incrementar los porcentajes de deducciones por la creación de empleo y formación.
Incrementar las bonificaciones fiscales existentes por mantenimiento de empleo durante los años 2020 y 2021.

Simplificación administrativa.

Reconsideración de la Administración electrónica y a distancia actual, así como el sistema de citas previas existente.
Establecimiento de auditorías o fórmulas de control internas o externas, como herramienta para agilizar resoluciones económicas administrativas a cargo de la Administración.
Simplificación del acceso actual a la Administración de Justicia por parte de las empresas decayendo toda exigencia de aportación física de documentación ante esta.

Energía y carburante.

Vigilancia y control de mercado para las variaciones sustanciales de precios de la energía, con especial mención a la electricidad, el gas y el carburante, necesario para el desarrollo de la actividad empresarial.
Garantizar que las modificaciones de contratos de potencia eléctrica por adecuación a la nueva situación, sean sin coste, durante el año 2021.
Reintegro del importe equivalente del 50% del IVA soportado de los carburantes por las empresas, hasta 60 días desde la finalización de los efectos del Estado de Alarma.

Contratación pública y Ley de Morosidad.

Aplicación a la Administración Pública de los intereses por mora previstos en la Ley de Prevención de Morosidad.
Hacer llegar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Morosidad a la gran empresa respecto a las deudas comprometidas, con aplicación en su caso de sanciones por incumplimiento en relación a las deudas de esta con pymes y empresariado autónomo.
Recuperación de las fórmulas de certificación de créditos contra la Administración por contratación pública, como documento negociable ante las entidades financieras, para el acceso al crédito.

Gobernanza.

Reconocimiento y desarrollo de la Ley del Diálogo Social mediante el apoyo claro y decidido de todas las instituciones al tejido asociativo aragonés, como actor principal de representación, promotor de las empresas y colaborador activo para la planificación de la formación empresarial.
Participación activa del empresariado aragonés a través de los agentes sociales para la planificación estratégica de los sectores y territorios afectados especialmente por la pandemia.
Creación de mesas de trabajo activas de la Administración con los diferentes subsectores afectados que necesitan hacer previsiones para el reinicio de sus actividades (orquestas, extraescolares, empresas culturales, de ocio,…).

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