Los orígenes del autogobierno de Aragón residen en los años previos a la descentralización y democratización de España, que se plasmó en la Constitución de 1978. La Carta Magna, que entró en vigor en el mes de diciembre, incluía el Real Decreto Ley por el que se establecía el régimen de autonomía política y administrativa provisional del territorio, germen de la Diputación General de Aragón como Comunidad Autónoma.

Ya en ese 23 de abril de 1978, los historiadores y periodistas de la época recogían el deseo del pueblo aragonés de decidir sobre asuntos que les atañían de forma específica, a través de instituciones autonómicas propias. Más de 150.000 personas se manifestaron en un día histórico.

El primer gobierno preautonómico estuvo liderado por la Unión de Centro Democrático (UCD) y presidido por Juan Antonio Bolea, quien no llegó a alcanzar el consenso necesario para instituir un proyecto común. La división en la esfera política se agravó cuando, en 1981, los Pactos Autonómicos relegaron a Aragón a la autonomía de vía lenta expresada en el artículo 145 de la Constitución, marcando la diferencia con gallegos, catalanes y vascos, siendo que también Aragón partía de un texto histórico: el Estatuto de Caspe de 1936.

El clima de desacuerdo era tal que, en cinco años de autonomía, la Comunidad tuvo cinco presidentes. Fue en junio de 1982, cuando el Gobierno central, a través de UCD y PSOE, cerró el proceso aragonés con tres años de retraso respecto al catalán y vasco, y muy lejos de sus capacidades de autogobierno. En este contexto de inestabilidad se aprobó, el 10 de agosto de 1982, el Estatuto de Autonomía Aragonés, lo que estableció un renovado aragonesismo asentado sobre la base de sus instituciones, símbolos, actividades y proyectos.

Un año más tarde se celebrarían las primeras elecciones autonómicas, que darían la victoria al PSOE y la presidencia histórica a Santiago Marraco, logrando 33 de los 66 diputados de las Cortes de Aragón. En estas cuatro décadas de autonomía, Aragón ha tenido siete presidentes más.

La estabilidad normativa, clave

El progreso de Aragón ha venido de la mano de la consolidación de la autonomía en un marco de estabilidad normativa. La Ley Orgánica aprobada en aquel 1982 fue modificada en los años 1994 y 1996, hasta llegar a la reforma del Estatuto de Autonomía del 2007, vigente en la actualidad. Fruto de esta evolución, el ejercicio de competencias en nuevos ámbitos, especialmente los vinculados a las personas en materias como la educación, la sanidad y los servicios sociales, ha permitido la adopción de políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

El Estatuto de Autonomía hoy

El pleno de las Cortes de Aragón dio el visto bueno el pasado 10 de marzo, por unanimidad, al proyecto de ley de reforma del Estatuto de Autonomía, que superó el debate de totalidad y se remitirá a las Cortes Generales para su aprobación, al ser una Ley Orgánica. Esta reforma servirá para suprimir los aforamientos de los diputados y los miembros del Ejecutivo regional, y para que la provincia de Teruel mantenga un mínimo de 14 diputados en las Cortes.
Defendió la iniciativa la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, que indicó que "el aforamiento es una prerrogativa especial que implica el enjuiciamiento en un órgano judicial superior y que es percibida por la mayoría como anacrónica, siendo hoy difícilmente justificable por el principio constitucional de igualdad".
En cuanto a garantizar la representatividad de las provincias menos pobladas en las Cortes de Aragón, la consejera recordó que en 2019 ya se reformó puntualmente la normativa electoral autonómica para que Teruel mantuviera sus 14 escaños y entonces se puso de manifiesto que la solución definitiva exigía reformar el Estatuto. El cuatripartito acordó, al inicio de la legislatura, garantizar un mínimo de 14 diputados para Teruel, lo que exige modificar el coeficiente corrector de 2,75 a 3, indicando que solo en Aragón ha permanecido invariable el coeficiente desde el año 1982. 

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