La nueva oficina judicial se ensayará en la capital antes de extenderla al resto de Aragón

Teruel será la primera capital de provincia aragonesa que cuente con la nueva oficina judicial. Así lo anunció ayer en el acto oficial de apertura del año judicial el presidente de la Audiencia Provincial de Teruel, Fermín Hernández, quien concretó que esta experiencia piloto en la Comunidad autónoma se llevará a cabo durante el primer semestre del año que viene o, en todo caso, a partir de esa fecha.

La nueva oficina judicial supone la creación de servicios administrativos comunes para todos los juzgados acabando con el sistema de funcionamiento actual, en el que cada órgano jurisdiccional dispone de su propia secretaría dotada de secretario y personal auxiliar. Además, se desterrará el formato papel para los expedientes desarrollando un método electrónico de comunicación. El objetivo es que la Justicia sea más rápida.

La directora general de Justicia del Gobierno aragonés, Tomasa Hernández, quien también estuvo presente en el acto de inicio del curso judicial, explicó que se ha elegido Teruel para ensayar el funcionamiento de la nueva oficina judicial por su menor número de habitantes, algo que hace más sencilla la reforma de los servicios existentes. "Luego se llevará a Zaragoza", adelantó.

Otra vez obras

Aunque escasas, la implantación de la nueva oficina judicial, prevista desde hace más de cinco años, obligará a realizar algunas obras de adaptación en el Palacio de Justicia de Teruel, que fue terminado de ampliar y modernizar hace solo dos años. El Ejecutivo aragonés estudia ahora cómo reducir en lo posible el coste económico de esta actuación que, calculado en tiempos de bonanza, resulta excesivo con la crisis actual.

La reorganización de la estructura administrativa de los juzgados de Teruel no acarreará aumento ni disminución de la plantilla actual. "Simplemente, utilizaremos mejor los recursos humanos y materiales existentes", aclaró Fermín Hernández. El presidente de la Audiencia de Teruel señaló que los juzgados de Alcañiz deberán contar con su propia oficina judicial, si bien "aún no está prevista".

El decano del Colegio de Abogados de Teruel, Manuel Gómez, calificó de "positiva" la implantación de la nueva oficina judicial, aunque afirmó que esta debería ir acompañada de reformas legislativas que suprimieran trámites, a su juicio, innecesarios, que retrasan los procedimientos. "Hay que conciliar la seguridad jurídica con la rapidez", declaró. Gómez añadió que la reforma acabará con el contraste entre órganos jurisdiccionales muy congestionados y otros con mucho menos trabajo en un mismo Palacio de Justicia.

Alcañiz y Calamocha

En su discurso, el presidente de la Audiencia de Teruel -que acaba de ser renovado en su cargo para los próximos cuatro años por el Consejo General del Poder Judicial- reivindicó un aumento de la plantilla de funcionarios para los juzgados de Alcañiz y Calamocha. Según dijo, disponen, invariablemente, del mismo número de trabajadores "desde hace treinta años, a pesar de que ha habido un incremento de la cifra de asuntos que entran".

La misma reclamación formuló el fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Gargallo, quien, además, pidió que sean actualizados los programas informáticos que se utilizan en los juzgados de la provincia. Gargallo alertó en su alocución sobre el aumento de los delitos contra el patrimonio, los de violencia de género, los domésticos y los referentes a tráfico de drogas, experimentado en la provincia a lo largo de 2010.

Protesta

Al acto institucional para dar por iniciado el curso judicial siguió un vino de honor al que no acudieron los representantes sindicales de los funcionarios de los juzgados. Su ausencia fue la forma de protestar por los recortes salariales que han experimentado los trabajadores del sector. "En estos tiempos de crisis económica, no es justo que se lleven a cabo actos que no son necesarios. Suponen un dispendio que nadie debería permitirse y que no proceden en ningún modo", manifestó Caridad Belanche, de CC. OO.