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La DGA ve indicios de apropiación y estafa en la operación del colegio Ánfora

Estudia denunciar que Alfedel llevó el proceso sin control de los cooperativistas. Aportará a la Fiscalía, además, correos sobre "irregularidades" en la tramitación.

Jorge Alonso. Zaragoza Actualizada 09/10/2015 a las 08:40
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Primer día de curso en el colegio Ánfora de Cuarte, el pasado jueves.guillermo mestre

El Gobierno de Aragón ve indicios de estafa y apropiación indebida a los cooperativistas del colegio Ánfora Internacional de Cuarte y estudia denunciarlo ante la Justicia. Fuentes oficiales de la DGA aseguraron ayer que la responsabilidad recaería en la empresa Alfedel y varios de sus responsables, que, a su juicio, disponían de amplios poderes sobre la cooperativa del centro educativo y pactaron la compra millonaria del suelo, aún sin escriturar, encargaron las obras y cerraron su financiación "sin control de los cooperativistas". La pretensión es denunciarlo o, al menos, poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. "Es nuestra obligación, no un intento de instrumentalización política", sostuvieron.

Por su parte, los cooperativistas supuestamente afectados guardan silencio, mientras su presidente, Enrique Bilbao, relacionado directamente con Alfedel como director ejecutivo, mostró su sorpresa a este diario y acusó a la DGA de pretender generar "una cortina de humo para enturbiarlo todo", tras el varapalo que se llevó al acordar la Justicia la apertura del Ánfora como concertado de forma cautelar. "Es una política muy rastrera. Primero metieron miedo a los padres y ahora a los profesores cooperativistas", dijo.

Desde la DGA se sostiene que con la "inoperancia total de los órganos cooperativos" de Ánfora, dicha empresa y sus representantes tramitaron todo el proyecto, "con una potencial conexión con la operación Púnica, en la que está imputado el principal socio de Alfedel, Alfonso Ferrón del Río, por la promoción de colegios". Lo que más llama la atención a las citadas fuentes del Ejecutivo autonómico es la compra del suelo, calificado de residencial, por 3,8 millones, "a precio de vivienda libre" pese a destinarse a uso dotacional y, además, reservándose el vendedor la edificabilidad sobrante y la densidad. "Y los suelos seguían a nombre del vendedor el jueves", señalaron.

También incidieron en que el director financiero de Alfedel y cuñado del citado imputado, Ángel Bravo, seguía actuando en nombre de Ánfora este mismo verano "pese a que en marzo se dio de baja como socio y tras haber ejercido como presidente".

Otro de los puntos destacados por el Ejecutivo autonómico son las "dudas sobre la regularidad de la convocatoria y asistencia de socios" a la asamblea de la cooperativa Ánfora del 12 de marzo, clave para esa supuesta estafa: se incrementó la aportación mínima a los socios de 600 a 48.000 euros. "El Inaem lo está revisando. Consideramos que el promotor real del centro es Alfedel y ha derivado todo el riesgo a la cooperativa. Yhay sentencias condenatorias en el ámbito inmobiliario", añadieron.

Las citadas fuentes de la DGA señalaron que les preocupa que el coste millonario del colegio acabe repercutiendo sobre los socios "al tener que avalar la operación" y, finalmente, en la propia cobertura educativa a las familias de Cuarte. En este sentido, recordaron que ya cerró un colegio impulsado por Alfedel en Guadalajara.

De forma paralela, los servicios jurídicos de la Administración autonómica prevén ampliar la semana que viene la aportación de documentación a la Fiscalía relativa al expediente de la autorización y concierto del colegio. Este apartado ya está bajo investigación desde este verano a raíz de una denuncia del grupo anticonciertos por supuestas irregularidades en la tramitación.

Entre los papeles, la DGA asegura que constarán varios correos de altos funcionarios "en los que advirtieron de irregularidades en la tramitación" del expediente. De hecho, matizaron que el anuncio de la consejera, Mayte Pérez, de acudir a la Fiscalía Anticorrupción consiste en la entrega de esta documentación a la fiscal que ya lo investiga en Zaragoza y que les lleva a sostener "indicios de prevaricación y tráfico de influencias".

El debate por el concierto del colegio Ánfora continuó ayer en la escena política. La consejera de Educación, Mayte Pérez, señaló en las Cortes que las irregularidades que ha dicho que se han detectado en los expedientes apuntan a "indicios claros de trato de favor". El secretario regional del PP, Octavio López, le respondió por la tarde, defendiendo que el procedimiento se ajustó a derecho "mediante una tramitación ordinaria" y recordando que su partido no se ha visto salpicado por casos de corrupción en Aragón. López atribuyó la postura de la consejera a los reveses que se ha llevado en los tribunales.







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