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La mayor inversión del campus del Actur permanece bloqueada a la espera del nuevo Gobierno

Industria rescindió el contrato del centro de Química y Materiales a principios de año, pero no ha vuelto a sacar a concurso las obras. Asegura que el expediente está listo para licitar "al día siguiente".

Jorge Alonso. Zaragoza Actualizada 13/07/2015 a las 07:27

La construcción del mayor complejo de investigación de Aragón, el centro de Química y Materiales previsto en el campus del Actur, está bloqueado desde principios de año y aún tendrá que esperar a que tome posesión el nuevo Gobierno para poder despejar su futuro. El Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) rescindió el contrato con Dragados y Marco Obra Pública con acusaciones públicas de chantaje por demorar las obras, pero no ha vuelto a licitarla pese a tratarse de la mayor inversión en I+D+i de la legislatura.

Fuentes oficiales de Industria aseguraron a este diario que han culminado la tramitación administrativa de nuevo para dejar "todo listo" al siguiente gobierno. "Si quiere, el próximo ejecutivo estará en condiciones de licitar las obras al día siguiente de tomar posesión", señalaron.

La rescisión del contrato se hizo efectiva el pasado mes de enero y conllevó la pérdida de la financiación europea comprometida, 6,7 millones de euros para un proyecto adjudicado en 13,5. El conflicto con las adjudicatarias, lejos de haber terminado, sigue pendiente de los recursos. Hace dos meses, el director del ITA, Salvador Domingo, firmó una resolución por la que se incautaba a las empresas los avales depositados como garantía en la caja general de depósitos de la DGA, cuyo importe asciende a 553.745 euros. Las empresas, como era previsible, se opusieron y presentaron el correspondiente recurso ante el órgano competente, en este caso la Dirección General de Presupuestos, según confirmaron las citadas fuentes de Industria.

La decisión del Gobierno de Rudi de dejar la licitación en herencia a su sucesor contrasta con la actitud mantenida con el hospital de Alcañiz: llegó a adjudicar inicialmente su construcción y gestión en precampaña electoral por un importe de 390 millones de euros pese a contar con el firme rechazo de la oposición y de colectivos sociales por considerar que se iba a privatizar el centro. Tras perder las elecciones, el gabinete PP-PAR ya en funciones acabó por dar marcha atrás y anunció que no firmaría la resolución definitiva.

En el caso del Centro de Química y Materiales de Aragón (Ceqma), los responsables autonómicos disponían del apoyo de la comunidad científica y del resto de partidos para haber acelerado los trámites para licitar de nuevo las obras. De hecho, los responsables de investigación del CSIC y de la Universidad dieron "todo su apoyo" al Instituto Tecnológico de Aragón a la hora de plantar cara a las constructoras, a las que cuestionaron su "comportamiento anómalo y codicioso de unas empresas".

Industria se comprometió a licitar de inmediato las obras, aunque la realidad es que la puesta en servicio de este gran equipamiento se demorará más de dos años con las negativas consecuencias que conlleva. Sus dimensiones dan una idea de su importancia, ya que el complejo está constituido por tres edificios de 14.657 metros cuadrados con capacidad para acoger a 425 investigadores y 103 laboratorios.

A principios de año, el coordinador del CSIC en Aragón, Víctor Orera, tildó la situación de "dramática" y advirtió de las consecuencias de la demora del Centro de Química y Materiales. "Los investigadores carecen de espacio para asumir proyectos industriales, tenemos que mandarlos a Walqa y alquilar naves en el CEEI", explicó.

La financiación europea, perdida

El Instituto Tecnológico de Aragón, que tenía encomendado este proyecto, comenzó a tener problemas con las adjudicatarias nada más iniciarse las obras el pasado verano. De hecho, el director del ITA les acusó de incumplir los plazos e interrumpir los trabajos. Tras firmar el contrato, las empresas exigieron modificar el sistema de cimentación, lo que suponía un sustancial ahorro económico que compensaba sus previsibles pérdidas por la baja del 20% que ofertaron para lograr la contratación.

Los plazos corrían y con ello el riesgo de incumplir los plazos fijados para cobrar la financiación europea, de 6,7 millones. La obra bloqueada tendría que haber finalizado a finales de año para lograr justificar los fondos Feader comprometidos, ya que el programa de subvenciones acaba precisamente en 2015.







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