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Corrupción

La Fiscalía fija en 15,3 millones la cantidad malversada por los cuatro acusados del caso Naves

Solicita penas de 12 años de prisión para Carlos Esco, Ricardo García Becerril, Miguel Ángel Pérez y Agapito Iglesias

M. Garú Actualizada 24/04/2015 a las 22:48
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El fiscal de la unidad especial anticorrupción de Zaragoza ha llegado a la conclusión de que el exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), Ricardo García Becerril; su ex director técnico, Miguel Ángel Pérez Cervantes; el exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco; y el expropietario de Real Zaragoza, Agapito Iglesias, malversaron un total de 15.356.368 euros aprovechando un contrato para construir 119 naves en Plaza. Por esa razón, como ya adelantó HERALDO, solicita para cada uno de ellos una condena de doce años de prisión: ocho por malversación y cuatro por un delito societario.

El fiscal Javier Checa, en su escrito de acusación provisional, recoge que en marzo de 2005, el consejo de administración de la empresa pública Plaza, de la que Carlos Esco era consejero delegado y Ricardo García Becerril, gerente, aprobó el pliego de cláusulas para el contrato de construcción de edificios modulares en la plataforma logística, que debía adjudicarse por "procedimiento abierto" y bajo la modalidad "llave en mano".

En él se fijaban unos precios concretos y el presupuesto sería el ofertado por el licitador que resultara adjudicatario de los trabajos y el pago de las obras se haría previa presentación de las facturas debidamente conformadas, certificaciones en caso de entregas parciales y acta de recepción cuando procediese. En el contrato figuraba expresamente: "No procederá la revisión de precios (...) por lo que deberá entenderse incluido en los precios ofertados cualquier posible aumento que no obedezca a un incremento en las unidades de obra no previstas en el contrato y aceptadas por la propiedad".

Al fiscal le llama la atención que la elaboración de los pliegos de cláusulas y de prescripciones técnicas del contrato fuera llevada a cabo por la empresa de Agapito Iglesias, Codesport, "con mucha antelación" a ser aprobada por Plaza. Señala que de esta circunstancia tenían conocimiento tanto García Becerril como Pérez Cervantes y que estos llegaron a modificar las valoraciones de las ofertas presentadas al concurso de adjudicación de las obras y elevaron de 55,81 a 57,81 la otorgada a Codesport "para que resultara adjudicataria, como así fue".

En julio de 2015 se adjudicó el contrato a la empresa de Agapito Iglesias con unos precios concretos: 293 euros más IVA por metro cuadrado de techo de nave y 52,3 más IVA por metro cuadrado de urbanización. En total, el precio ascendía a 14.525.267 euros y Plaza tenía que ir abonando a la constructora los importes de las obras conforme las fuera acabando. Las naves, situadas en dos parcelas, comenzaron a levantarse entre 2006 y 2007, respectivamente, y el pago se hizo mediante certificaciones mensuales. La primera fue en agosto de 2006 y la última en febrero de 2009. La suma total ascendió a 22.392.118 euros.

Para el fiscal anticorrupción esta cifra es considerablemente mayor a la de los precios concertados, que debería haber sido de 18.027.024 euros. Pero es que, además, se emitieron y abonaron unas certificaciones no recogidas en el contrato por anexos (2,5 millones), modificados (879.270 euros), sobrecostes (2,9 millones) y revisión de precios (3,7 millones). Por lo tanto, el coste total pagado por Plaza a Codesport fue de 32.446.447 euros.







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