El Congreso pide al Gobierno un permiso laboral retribuido para evitar suicidios
Facilitaría que familiares o amigos acompañen y cuiden al paciente en las situaciones de riesgo vital inminente, durante un máximo de dos semanas.
España sufre una cifra récord de suicidios, que supera los 4.000 fallecidos anuales. Once muertes al día que, en realidad, son bastantes más, porque los expertos estiman que entre el 30% y el 40% de estos decesos o no se detectan o bien se ocultan por el entorno de la víctima.
El brutal impacto de la pandemia en la vida y la salud mental de muchos españoles ha acelerado la tendencia al aumento continuado de las autolisis iniciado hace una década, con crecimientos especialmente acelerados y alarmantes entre jóvenes y adolescentes. Es la primera causa de muerte no vinculada a las enfermedades en España y cuadruplica los fallecimientos provocados por los accidentes de tráfico.
El Congreso tiene claro que el mejor aliado de los pensamientos suicidas es la soledad. Por este motivo, este jueves, la mayoría del hemiciclo pedirá al Gobierno que promueva la creación urgente de un permiso laboral extraordinario para que familiares o amigos puedan acompañar a los ciudadanos cuando se encuentren en estas situaciones límite y para que, además de cuidarlos, contribuyan a que abandonen la decisión de quitarse la vida. Los diputados le piden al Ejecutivo que lleve la propuesta del Legislativo a la mesa del diálogo social, para que, de la mano de sindicatos y empresarios, analicen su pertinencia y diseñen la fórmula jurídica más adecuada y su encaje concreto en el sistema de prestaciones de la Seguridad Social.
Amplio respaldo
La iniciativa original es de Más País y saldrá adelante con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, PNV y Ciudadanos, cuyos portavoces han pactado en las últimas horas con la formación liderada por Íñigo Errejón la redacción definitiva de la proposición no de ley a través de una enmienda transaccional conjunta.
El permiso no está pensado para salir al paso de cualquier tipo de ideación suicida. Su objetivo es asegurar el acompañamiento y los cuidados solo en los casos más extremos, en los momentos puntuales en los que el médico o el psicólogo certifican un riesgo inminente para la vida. Se estaría hablando, no obstante, de varias decenas de miles de casos anuales, pues las estimaciones apuntan que en España se producen unos 200 intentos de suicidio diarios.
Los grupos parlamentarios dejan al criterio del diálogo social determinar si debe ser una baja laboral -una prestación por incapacidad temporal-, un permiso obligado para el empresario u otro tipo de figura jurídica, pero lo que sí tienen claro es que la licencia tiene que estar retribuida y no puede suponer pérdida salarial alguna para quien se preste a ayudar a su allegado.
La razón es simple. Debe ser una derecho exigible en todo caso, ajeno a la situación económica y laboral particular de los miembros de la familia que sufre la crisis psicológica. Un beneficio garantizado con independencia de que sus padres, hermanos, hijos o amigos puedan o no permitirse dejar de trabajar unos días para atender la emergencia vital.
La propuesta señala que, sea cuál sea la fórmula que se adopte, la licencia extraordinaria la debería otorgar el especialista que atiende al enfermo, que es quien puede certificar la situación de riesgo inminente. Debería ser también este médico, psiquiatra o psicólogo clínico quien precise la duración de la baja de acompañamiento, con un límite máximo de quince días.
El Congreso defiende que el permiso de cuidados lo debería poder solicitar la persona en grave riesgo vital y que desde luego debe ser él quien determine cuál es la persona en quien más confía para esta delicada tarea.
