La política agraria común europea, PAC, para los años 2023-2027, recientemente aprobada, sigue manteniendo el mismo tono que el que ya habíamos escuchado en todas las reformas de la PAC anteriores, profundizando en un doble lenguaje que llega, esta vez, a manifestar abiertamente objetivos claramente contradictorios.

Este doble rasero, patente en la evolución del modelo agrícola de la UE, tiene al menos dos vertientes claras. Por un lado, es clara la ‘uberización’ (industrialización precaria) del campo hacia modelos basados en la capitalización, fondos de inversión, grandes empresas y los intereses del capital. Por otro lado, el llamado ‘Pacto Verde’, basado en la sostenibilidad de la agricultura como respuesta. Existe hoy un pulso entre el modelo familiar y el modelo industrial uberizado que nadie puede negar. Las explotaciones han evolucionado; la definición de ‘sostenibilidad’ en la nueva PAC, como en las anteriores, no puede quedarse solo en lo medioambiental, es preciso que incorpore medidas económicas y sociales, de lo contrario el modelo de explotación familiar está abocado a desaparecer poco a poco, porque de fondo está la cuestión de la rentabilidad de las explotaciones, que parece no tenerse en cuenta.

Las administraciones deberían dejar claro qué modelo de agricultura defienden para el territorio. El Ministerio de Agricultura y las consejerías de la mayor parte de las comunidades autónomas, unidas a los empresarios del agronegocio, quieren seguir alimentando un modelo de agricultura que agoniza y al que la propia evolución bioclimática del planeta va a acabar poniendo fin más pronto que tarde. El problema del cambio climático está ahí y deberíamos afrontarlo, pero se ven dificultades para hacerlo con eficacia. La incertidumbre, la ausencia de un camino claro, la falta de interlocución con el Ministerio de Transición Ecológica y las contradicciones del propio sistema hacen difícil el debate y las propuestas. Y en los últimos tiempos estamos percibiendo una reacción a estos discursos por una parte de la gente que niega los problemas climáticos y sus impactos.

Sin embargo, parece obvio que estamos en una encrucijada, en un cambio de paradigma definido por la escasez y el encarecimiento de los combustibles fósiles, por un lado, y en una variación climática, ya perceptible en todo el planeta, que requiere de medidas urgentes de alcance global. Y en el centro de todo esto está la agricultura y con ella entra en juego la posibilidad de la humanidad de abastecerse de los alimentos necesarios. Por eso, las personas que nos dedicamos profesionalmente a la agricultura y a la ganadería estamos muy comprometidos a todos los niveles. Pero también muy hartos de retórica vacía y de burocracia absurda. A eso, desde luego, decimos claramente ‘no’.

Tenemos que anticiparnos a lo que pueda venir. La situación del sector es compleja y difícil. Hay mucha incertidumbre y las decisiones políticas no abordan la situación y, al mismo tiempo, hay muchas medidas medioambientales que son muy contradictorias, que no se han hablado con el sector y que van a generar una burocracia y unos costes que demuestran que están decididas en despachos absolutamente alejados de la realidad.

El contexto actual es más difícil, se ha agudizado, pero la cosa viene de atrás. El incremento de los insumos, que nos dicen está provocado por la guerra en Ucrania, empezó mucho antes de que esta estallara. Lo que está ocurriendo se llama especulación y para justificarla cualquier cosa viene bien. La desregulación de los mercados ha puesto en manos de las grandes empresas las decisiones sobre precios de electricidad, carburantes, fertilizantes, materias primas y los de los propios alimentos. Y, naturalmente, estas grandes empresas están aprovechando esta situación para colocar precios desorbitados y especulativos. El aterrizaje del poder económico en el sector agrario es brutal.

La invasión de Ucrania ha agudizado todas las debilidades del sistema alimentario en Europa, o al menos las ha hecho más visibles. No podemos depender de otros países para garantizar la seguridad alimentaria. Este año hemos visto más que nunca los efectos del cambio climático y vemos cómo estos efectos se están haciendo más importantes. ¿Qué instrumentos concretos necesita el sector agrario para responder ante este problema desde el punto de vista de la sostenibilidad y el futuro de la agricultura social y profesional?

Desde COAG hemos denunciado la especulación sobre los costes de producción y las materias primas. ¿Debemos rechazar el mercado de futuros como clave de la especulación?

Hay que denunciar que la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los tratados de libre comercio nos han traído a la UE y a España unos efectos que nos están destruyendo y acabando con el modelo social y profesional de la agricultura tanto en Europa como en el Estado español. En este sentido, la reciprocidad de normativas debe unirse al cuestionamiento abierto del actual modelo globalizador. La alternativa es la soberanía alimentaria tanto desde el punto de vista de recuperar capacidades políticas para regular los mercados como desde el de lograr una construcción de economías más locales y resilientes a partir de modelos agrarios basados en la sostenibilidad.

En los próximos diez años, el 60% de quienes hoy trabajan la tierra, hombre y mujeres, habrán llegado a la jubilación, un total de 355.000 activos menos. Y para garantizar la pervivencia del sector necesitaremos 220.000 nuevas incorporaciones de jóvenes, y, con la situación actual, es imposible conseguir este objetivo.

El Gobierno de España y los de sus comunidades autónomas han hecho un esfuerzo económico con el sector agrario, hay que reconocerlo, pero no conduce a la sostenibilidad de la agricultura familiar y profesional. O cambiamos, o la mayor parte del campesinado, de los agricultores y agricultoras y ganaderos y ganaderas de Aragón tenemos los días contados.