Ruido

El país padece un grave problema de contaminación acústica, pero el ruido no procede de la calle, sino de los centros de poder. 

Los debates parlamentarios son monólogos sucesivos, perpetrados para su posterior difusión por los medios audiovisuales y las redes sociales. La campaña electoral dura toda la legislatura y el discurso político ha sido sustituido por el clamor del mitin permanente.

El ruido ha silenciado a los patriotas, que no son aquellos que exhiben pública y notoriamente una bandera, sino quienes renuncian a una parte de sus expectativas de derechos para alcanzar el interés general. Este no es la mera suma de los derechos de los individuos, también se conforma con la resta de sus egoísmos.

Es inexplicable que en España no se pueda alcanzar un pacto de rentas, que disminuya las diferencias sociales e intergeneracionales. Ha sido el pacto, construido sobre algunas renuncias de las partes, y no el neutro consenso, lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. La Constitución no se hubiera aprobado con las mayorías alcanzadas si un año antes no se hubieran firmado los Pactos de la Moncloa, que contribuyeron a paliar las consecuencias de la grave crisis económica que atravesaba el país. El Pacto de Toledo ha permitido racionalizar nuestro sistema de pensiones, basado en el reparto intergeneracional. Hoy, la inflación, el ‘dumping’ fiscal y la actualización de las pensiones forman parte de unos debates caracterizados por la demagogia, ahora llamada populismo.

Mi edad me aproxima a la jubilación y pertenezco a la clase media holgada. Por tanto, lo que voy a escribir a partir de ahora me puede perjudicar como individuo, pero puede beneficiar a la sociedad a la que pertenezco. Sin ir más lejos, no tengo ningún empacho en afirmar que el sistema de pensiones va a resultar insostenible si se mantiene el actual ritmo de crecimiento de sus prestaciones. Está necesitado de urgentes reformas que garanticen su viabilidad, aunque sea a costa de cercenar algunas expectativas de sus beneficiarios. Resulta paradójico que se denomine ‘equidad intergeneracional’ al aumento de las cotizaciones con las que contribuyen los jóvenes al incremento de las pensiones, obviando que en la última década la pensión de jubilación ha crecido tres veces más que los salarios. Y, para colmo, en los próximos años, con los niveles más bajos de natalidad de la historia, se producirá la jubilación de la generación conocida en su momento como del ‘baby boom’.

La ciudadanía ve en el Estado el deudor que ha de satisfacer un sinfín de derechos, y, asimismo, el asegurador universal de cualesquiera contingencias. El ciudadano esgrime ante los poderes públicos todo tipo de derechos o sucedáneos de los mismos: derechos subjetivos, adquiridos, consolidados o, simplemente, expectantes. Pero no somos conscientes de que el Estado no es más que nuestro ‘alter ego’ público.

Además, mientras las normas multiplican los derechos, algunas libertades clásicas se resienten, porque es el precio que se debe pagar por la gran fragmentación normativa de los derechos generales o universales a favor de grupos o colectivos concretos que alcanzan un estatus especial.

Resulta frustrante apreciar que dedicamos más tiempo a abordar la independencia de los sediciosos que la emancipación de nuestros jóvenes. Resulta alarmante constatar que se producen más debates políticos para tratar los derechos históricos o la memoria histórica que para allanar el camino hacia el futuro de las nuevas generaciones.

Pero volvamos al ruido. En la medida en que yo, impulsado por la hinchazón propia de la soberbia, haya contribuido a propagar o alimentar este griterío ensordecedor, me veo en la obligación de pedir disculpas, especialmente a aquellos que estén ofendidos por mi falta de contención.

Estamos cargando de ornamentos nuestro Estado del bienestar sin reformar su estructura. El fin de un edificio en estado de ruina comienza con un ruido casi inapreciable, que se va agrandando.

Y el derrumbe, con su devastador estruendo, lo silencia todo.