No debe quedar ningún vestigio del franquismo. 

Esta afirmación se repite cada vez con más frecuencia y va a tener su correspondiente respaldo legislativo. Si la llevamos a sus últimos extremos, ¿derribamos los principales hospitales del Salud y dejamos a Aragón con el diez por ciento de las camas hospitalarias actuales? ¿Extinguimos la Seguridad Social? ¿Asolamos decenas de colegios públicos y el campus universitario de la plaza San Francisco? ¿Derruimos miles de casas de protección oficial que se encuentran en nuestros barrios más humildes? ¿Demolemos el embalse de Yesa? ¿Regresamos al estadio de Torrero?

El problema de la llamada memoria democrática –otrora, histórica– es que la regulación que se propone puede lesionar el legítimo derecho a mantener la propia memoria individual, estrechamente relacionada con la libertad de pensamiento. Cuando se construye una memoria colectiva única, las libertades individuales corren peligro.

Esta nueva ‘formación del espíritu colectivo’ –promovida, entre otras, por la ‘sección feminista’ del Gobierno– nos retrotrae a la dictadura, cuando el pasado se reconstruía contra la mitad del país, obligado a engullirlo en las escuelas, y nos advierte de que la Guerra Civil aún no ha terminado.

Tampoco debemos olvidar que si la ley va a afectar al derecho de asociación deberá revestir el carácter de orgánica y reconocer que la única instancia para declarar ilegales determinadas asociaciones o fundaciones es la judicial.

Pedro Sánchez es así. Durante toda una semana reorganiza la OTAN y, sin despeinarse, la siguiente semana pacta con los testaferros de la ETA. Efectivamente, la Transición no fue modélica, fundamentalmente porque algunos grupos terroristas, como ETA, asesinaban o mutilaban a servidores públicos o simples ciudadanos –entre ellos, mujeres embarazadas y niños–.

El Sánchez paranoico atisba el demoníaco influjo de fuerzas ocultas y oscuras que intentan alejarle del poder. Lo dice el mismo personaje que pacta el relato del pasado con Bildu y se sostiene gracias al independentismo catalán. Fluía más inteligencia en los silencios de cualquier reunión de los ‘camisas viejas’ de la Falange (José Antonio Primo de Rivera, Rafael Sánchez Mazas, Dionisio Ridruejo…) que en todo el iletrado y doctrinario pensamiento supremacista del independentismo periférico.

Por cierto, en Cataluña llevan ya cuatro leyes de ‘memoria democrática’ para rescatar la figura de Lluís Companys, colaborador necesario de miles de crímenes. Por ello, hoy más que nunca, debemos recordar que en el cementerio de Moncada y Reixach de Barcelona aún quedan setecientos cadáveres sin identificar, asesinados por las milicias, más o menos incontroladas, que integraban la retaguardia republicana e independentista, bajo la autoridad formal de un comité específico de la Generalitat.

La inclinación hacia la felonía de Sánchez es conocida, pero nunca hubiera podido sospechar que la traición llegaría a alcanzar a los refundadores de su propio partido, prolongando los crímenes del franquismo hasta finales de 1983. ¿Debemos juzgar a Felipe González por perpetuar el franquismo y perpetrar oprobiosos crímenes en su nombre?

Y, por cierto, la prolongación del franquismo abarca también los mejores años del reinado de Juan Carlos I. ¿Tienen algo que decir en la Zarzuela al respecto, aunque sea portavoz mediante?

El golpe de Estado del 18 de julio es indefendible, al igual que muchos comportamientos presuntamente revolucionarios e indiscutiblemente criminales de la izquierda durante la Segunda República, pero condenar históricamente a los artífices de la Transición es algo más que una felonía, es un crimen contra la reconciliación nacional y el sistema democrático.

Sánchez oscila entre el encumbramiento de la necedad y el encubrimiento de los apologetas del crimen, o, como dijo el Marx más actual, entre la nada y la miseria.