El CNI actuó dentro de la ley
La directora del CNI, Paz Esteban, ha acreditado ante los portavoces de los grupos parlamentarios las autorizaciones judiciales que amparan la legalidad de la vigilancia por presuntas actividades ilícitas a 18 personas del entorno del independentismo en el contexto de la sentencia del ‘procés’.
Entre ese grupo de personas se encuentra el ahora presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por entonces vicepresidente. De los asuntos que estos días han situado a los servicios secretos españoles en el centro del debate público, es positivo que se empiece a aclarar qué actuaciones son democráticamente aceptables porque han sido autorizadas por un juez. Respecto a los posible casos de espionaje ilegal, sea cometido por nacionales o por extranjeros, hay que perseguirlo con las herramientas disponibles dentro del marco de la ley.
El Gobierno ha realizado una pésima gestión de los dos casos de espionaje conocidos recientemente (a independentistas, por un lado, y a Pedro Sánchez y Margarita Robles, por otro), anteponiendo sus intereses parlamentarios a los de la defensa de la seguridad del Estado y sus agencias de información. No obstante, la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia en la comisión de secretos oficiales empieza a arrojar algo de luz: las actuaciones del CNI se someten al control judicial y político. Si bien las explicaciones de Paz Esteban sobre el espionaje de Pegasus no han convencido a los secesionistas y nacionalistas, una amplia mayoría parlamentaria (PSOE, PP, Cs y Vox) sí se ha dado por satisfecha. Esto debe ayudar a restablecer la confianza de los ciudadanos en los servicios de información del Estado y a despejar dudas sobre la idoneidad de los instrumentos que el Estado utiliza para protegerse.
