En mayo de 2018, Carles Puigdemont y Quim Torra protagonizaron una comparecencia ante los medios de comunicación digna de película de los Marx: se llamaron uno a otro ‘president Torra’ y ‘president Puigdemont’, y animaron a sus seguidores a la movilización. Ciudadanos había ganado las elecciones autonómicas pero obviaron ese detalle para ampararse en el mantra del ‘mandato del 1-O’.

Entonces presidía el Gobierno Mariano Rajoy, que recibió en La Moncloa al líder de la oposición, Pedro Sánchez. Ambos escenificaron juntos la defensa de la legalidad democrática y el dirigente socialista subrayó que las críticas al 155 debían hacerse en privado.

Dos años después, el escenario es muy inquietante. Inhabilitado por "desobediencia contumaz" (es decir, que se empeñó tozudamente en el error) por unanimidad del Tribunal Supremo, Torra se une a sus predecesores, Carles Puigdemont y Artur Mas, en la triste nómina de presidentes de la Generalitat reprobados por la Justicia. El independentismo se ha ido fracturando, aunque podría sumar mayoría en las próximas elecciones mientras la política ha ido por otros derroteros. Aupado a La Moncloa por los votos de los independentistas, Pedro Sánchez da cancha a sus dirigentes, con gestos de apaciguamiento tan humillantes como el veto a la presencia del Rey en el acto judicial de Barcelona. Ayer, Torra volvió a llamar a la ‘ruptura democrática’, pero el hecho es que salió del Palacio de la Generalitat, sin un ápice de gloria, tras el fallo judicial. Tristemente, es impensable una reunión como la celebrada en La Moncloa en mayo de 2018 entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Pero, de nuevo, el estado de Derecho ha funcionado.