El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente, con los votos de PSOE, PP y UPN, este jueves, en una sola votación, una ley orgánica para aplicar a los miembros de la Guardia Civil el artículo de la ley de derechos y deberes de los militares -aprobada la pasada semana- que les prohíbe organizar o participar «activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical».

La ley orgánica, que sólo ha recibido los votos favorables de PSOE y PP en el momento de la votación, ha nacido a partir de una enmienda que los dos principales partidos introdujeron en el Senado al proyecto de ley de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. Con ella, se modifica la ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.

El cambio en la ley que regula los derechos y deberes de los guardias civiles tuvo un primer intento fallido durante la tramitación en la Cámara Alta de la ley de derechos y deberes de los militares, cuando el Partido Popular presentó una enmienda en el sentido de la ley orgánica aprobada.

El PP anunció su retirada en la votación del proyecto de ley en Comisión y aseguró que lo hacía «con satisfacción» en aras del consenso. Sin embargo, pocas semanas después PP y PSOE pactaron la enmienda ahora convertida en ley orgánica y la introdujeron como disposición final a la ley sobre contratos del sector público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad.

Después de votar el proyecto de ley y la disposición final en la que se introducía la reforma, el presidente de la Cámara, José Bono, ha advertido que al aprobar una enmienda que modifica una ley orgánica, su contenido debía quedar «desglosado en un proyecto de ley indpendiente de carácter orgánico», con una votación final sobre el conjunto de este proyecto orgánico, que debía contar con mayoría absoluta (176 votos) para salir adelante.

Solo un debate y sin enmiendas

Fuentes parlamentarias han explicado que la enmienda pudo introducirse en el Senado sin transformarse previamente en ley orgánica porque, a diferencia de lo que ocurre en el Congreso, la Cámara Alta no requiere una votación de conjunto de las normas que afectan a los derechos fundamentales, en este caso el de manifestación.

Por eso, el Pleno del Congreso ha tenido que desgajar la enmienda del proyecto de ley en el que la había incluido el Senado y transformarla en una nueva ley a la que se ha dado el visto bueno tras un único debate en la Cámara Baja, en una única votación y a la que no se han podido presentar enmiendas. Sin embargo, las fuentes consultadas destacan que esta operación no contraviene el Reglamento y que además, existen precedentes.

La nueva ley aprobada, con los votos de PSOE, PP y Unión del Pueblo Navarro, la abstención de Coalición Canaria y el 'no' de CiU, PNV, ERC-IU-ICV, BNG y UPyD ha sido bautizada como «proyecto de ley orgánica para la aplicación a la Guardia Civil del artículo 13.1 de la ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas».

PP reconoce que no es «el sitio adecuado»

La portavoz del PP ha reconocido que la reforma no se ha hecho en «el sitio adecuado» y lo ha lamentado expresamente. «No es el mejor lugar desde el punto de vista procesal, es un lugar posible, pero no es el mejor, tienen toda la razón», ha afirmado, aunque ha defendido su contenido y el «carácter militar de la Guardia Civil».

La maniobra, que ya ha provocado fuertes reacciones de las asociaciones de guardias civiles, ha sido duramente criticada por el resto de partidos, que la han tildado de «chapuza jurídica» y «acción impresentable» y han acusado a socialistas y 'populares' de hacer una «contrarreforma» con «nocturnidad y alevosía».

El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha avisado de que tratarán que el Defensor del Pueblo y «otras instituciones» recurran la iniciativa «totalmente inaceptable».

Para el diputado de CiU Josep Sánchez i Llibre, esto ha sido una «acción impresentable» del PP y PSOE y un acto «poco democrático». Por ello, ha denunciado la «chapuza» incorporada por estos partidos «a espaldas del resto de grupos».

Desde el PNV, Emilio Olabarria ha denunciado que con esta enmienda se ha actuado de una manera «manifiestamente incorrecta desde una perspectiva técnico-jurídica». Además, se ha referido a la «incógnita» que le supone que se denomine Guardia Civil «al único cuerpo policial que tiene naturaleza militar en toda Europa».

Guardia civil, naturaleza militar

La cuestión ha sido abordada también por el diputado del BNG Francisco Jorquera, quien ha recurrido a un chiste del humorista catalán El Perich: «La Guardia Civil, como su propio nombre indica, es un cuerpo de naturaleza militar».

Jorquera también ha cargado contra esta enmienda «manifiestamente inconstitucional» y ha reprochado a los dos principales partidos que «las pocas veces que son capaces de ponerse de acuerdo sea para retroceder en derechos saltándose el respeto más elemental a las formas».

Por su parte, Llamazares ha considerado que la enmienda se presentó «de tapadillo» porque «si se presentara a las claras movería a la vergüenza» y sería «casus belli». «Esto es cinismo político», ha dicho.

El diputado de IU ha afeado a la Cámara que termine el curso político «con las peores prácticas» y ha asegurado que su partido está «especialmente dolido» porque se pretenda hacer «un giro total a la derecha» que busca limtar el derecho de los guardias civiles. «Y lo hacen de maenra torticera, porque sin ser un cuerpo militar ustedes le aplican la legislación de las Fuerzas Armadas en materia de derechos y deberes», ha insistido.

La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha denunciado el «atraco» cometido con «cobardía» y «de forma ilegítima». «Verdaderamente, señorías, julio es el mes de las rebajas en la calle. En este Congreso de los Diputados, julio del año 2011 ha sido el mes de las rebajas de los derechos sociales y cívicos de los ciudadanos», ha rematado, antes de instar a socialistas y 'populares' a no «ofender» de esa manera a los «servidores del Estado».