La ultraderechista e independentista Alianza Catalana irrumpe en el 12-M
La formación radical de la alcaldesa de Ripoll, a la que algunas encuestas auguran dos escaños en el Parlament, obliga a decantarse a sus rivales.
Nadie esperaba como invitado para estas elecciones del 12 de mayo a Alianza Catalana, una formación populista que combina su apoyo al independentismo extremo con sus ideas ultraderechistas. Su germen se encuentra en la localidad gerundense de Ripoll, la misma en la que el imán Abdelbaki Es Satty captó y radicalizó a los jóvenes que ejecutaron los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils.
Bajo la consternación del ataque yihadista, que causó la muerte a 16 personas más la de los ocho terroristas, se fundó en 2020 Alianza Catalana. En su ideario figuran la hispanofobia, frenar cualquier tipo de inmigración, imponer el catalán como única lengua en Cataluña, declarar la independencia de forma inmediata y unilateral o la defensa de una economía de libre mercado. Por otro lado, defiende los derechos LGTBI. Todo un galimatías difícil de encajar en el puzle que conforman las fuerzas políticas catalanas.
Tras las elecciones de 2023 su candidata Silvia Orriols se convirtió en alcaldesa de Ripoll gracias a la permisividad de Junts, que rechazó el cordón sanitario que plantearon PSC, ERC y la CUP. Ahora Orriols se postula a la Presidencia de la Generalitat y su presencia en el Parlament podría condicionar el futuro Govern ante la falta de mayorías claras que auguran todas las encuestas, las mismas que pronostican la posibilidad de que Alianza Catalana obtenga hasta dos escaños.
La formación ultraderechista se podría ver favorecida por el sistema electoral catalán que sobrerrepresenta a Gerona, Lérida y Tarragona en detrimento de Barcelona, la provincia más poblada. Orriols, de hecho lidera la lista de su partido por Gerona, por lo que un puñado de votos podría abrirle las puertas del Parlament.
Cambio de discursos
La aparición en escena de Alianza Catalana ha obligado a modificar el discurso de Junts y de Vox, por muy contradictorio que parezca. Los de Carles Puigdemont exigieron a cambio de su apoyo a tres reales decretos en el Congreso que la Generalitat disponga de toda las competencias sobre inmigración, incluidas las repatriaciones inmediatas, algo que no pidió el presidente catalán (ERC) y que de hecho no se ha llegado a hacer efectivo aún. Vox, por su parte, ha endurecido su discurso con tintes xenófobos para no perder terreno frente a Orriols y los suyos. "Solo nos une el diagnóstico sobre el incremento de la inseguridad y el hecho de que la inmigración ilegal está desbordada", opone Ignacio Garriga, candidato de la formación de Santiago Abascal.
En paralelo, tanto Esquerra como la CUP aseguran que no apoyarán ningún Gobierno independentista que dependa de la alcaldesa de Ripoll. Puigdemont, tras días esquivando las preguntas, también aseguró que no gobernará con el apoyo de Alianza Catalana. "Yo no negociaré nunca con una formación de extrema derecha", afirma el líder de Junts. Otra cosa es que lo que unos y otros han asegurado en campaña se mantenga tras las elecciones del 12 de mayo, tras las que asoma un posible bloqueo político que puede desembocar en una repetición electoral.
