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Andalucía defiende en Bruselas que no perjudicará Doñana y el Gobierno dice que irá al Constitucional
El Ejecutivo andaluz insiste en que cumple su parte de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a proteger el parque natural.
El consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este lunes ante la Comisión Europea que la Junta de Andalucía cumple su parte de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a proteger Doñana y que la proposición de ley "en absoluto perjudica" al humedal. Mientras, el Gobierno central ha advertido de que que si la Junta no retira el proyecto de ley de regadíos en el entorno de Doñana acudirá al Tribunal Constitucional.
Fernández-Pacheco se ha reunido este lunes en Bruselas con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, un encuentro que estaba inicialmente previsto para el 3 de mayo, y que se ha celebrado después de que el propio comisario advirtiera la semana pasada, en una respuesta parlamentaria a eurodiputados socialistas, de que utilizará "todos los medios a su alcance" para garantizar que España cumpla "efectivamente y sin demora" la sentencia del TJUE.
Primeros pasos en el Parlamento
El consejero ha señalado que el comisario les ha trasladado su "preocupación" por el cumplimiento de la sentencia y que la Junta de Andalucía también comparte, aunque "en el apenas 10% que le corresponde en su cumplimiento" está siendo "extremadamente diligente para compartirlo y notificarlo puntualmente" tanto al Gobierno central como a la Comisión "independientemente de la proposición de ley" que "apenas ha iniciado su trámite parlamentario".
El también portavoz de la Junta ha defendido que se trata de una ley que "en absoluto perjudica al acuífero de Doñana" porque habla de aguas que "vendrían siempre en superficie a través de un trasvase que el Gobierno de España prometió por ley en 2018 y cuya infraestructura ni siquiera ha comenzado" por lo que, según ha incidido, "el agua de Doñana es para el Parque Natural".
"Hemos acudido a esta reunión con la verdad como único instrumento y como único arma con el que defendernos frente a este ataque continuo y al aluvión de descalificaciones y mentiras del Gobierno de España", ha aseverado, al tiempo que ha afeado al Gobierno que no les haya recibido en los mismos términos.
Fernández-Pacheco ha explicado que el encuentro fue solicitado por parte de la Junta y que "en apenas unos días" ha tenido respuesta por parte de la Comisión, al tiempo que ha criticado las diferencias con el Gobierno de España: "La misma reunión venimos solicitando desde el mes de noviembre al secretario de Estado de Medio Ambiente y a la vicepresidenta Teresa Ribera y hasta ahora jamás han querido sentarse con nosotros".
"Si la mitad de las afirmaciones duras, faltonas e irrespetuosas que estamos viendo en boca de los ministros y portavoces del PSOE son ciertas, ¿por qué no convoca a la Junta de Andalucía a una reunión para que podamos hablar tal y como ha hecho el comisario Sinkevicius?", ha reprobado, antes de explicar que el responsable europeo se ha comprometido a evaluar los argumentos y propuestas que ha presentado la Junta.
Diálogo "enriquecedor"
Agradecido de que haber tenido la oportunidad de dar su versión y de que el comisario se haya ofrecido a estudiar sus argumentos, mientras que ha reprobado el "revuelo mediático interesado" que ha generado el texto "porque si en otra comunidad autónoma como Cataluña se presentara una proposición de ley cuya toma de consideración es el único paso que ha dado en el Parlamento no estaríamos asistiendo al torbellino de declaraciones, descalificaciones e insultos que está profiriendo el Gobierno".
Preguntado por la posibilidad de introducir cambios en el texto, Fernández-Pacheco ha reconocido que si no estuvieran dispuestos a hacerlo, estas reuniones "no tendrían ningún sentido" y ha destacado que el diálogo es "enriquecedor" para defender que su objetivo es "presentar el mejor texto" a fin de resolver un problema "heredado de la administración socialista".
Asimismo, ha destacado que el texto "no amnistía a ninguno de los infractores" antes de recordar que desde que Juama Moreno es presidente de la Junta los procesos sancionatorios en Doñana "se han multiplicado por cuatro" y que, por tanto, "todo aquel que infrinja Doñana se va a encontrar siempre enfrente de manera rotunda y categórica" al Gobierno andaluz, no solo en lo que respecta a sanciones sino también en materia de restauración medioambiental.
Por último, ha aludido también a la sequía que afronta la comunidad autonóma andaluza para resaltar la importancia de las infraestructuras destinadas a hacerle frente y ha subrayado que la Junta está siendo "hiperactiva" frente a la "falta de compromiso del Gobierno de España" y antes de volver a criticar la ausencia del trasvase.
Aviso desde el Gobierno central
Por otro lado, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha avisado a la Junta de Andalucía de que si no retira el proyecto de ley de regadíos en el entorno de Doñana acudirá al Tribunal Constitucional y le repercutirá las posibles sanciones europeas que en su caso imponga Bruselas al Reino de España por no mantener el buen estado del Parque Nacional de Doñana.
"El Gobierno exige al gobierno y al Parlamento Andaluz la retirada del Proyecto de ley. Pido a Moreno Bonilla y a Núñez Feijoó que dejen de poner en riesgo el futuro de España", ha demandado Ribera en una rueda de prensa convocada este lunes en Madrid, tras concluir la reunión de autoridades andaluzas este lunes en Bruselas con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius.
Ribera ha insistido en que no hay discusión ni interpretación, el plan de regadíos, incrementa el riesgo para poder cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, y por tanto solo cabe que Andalucía retire la proposición de ley.
Por tanto, ha reiterado que si este proyecto de ley sigue adelante, la Comisión Europea utilizará "todos los medios a su alcance" incluida la posibilidad de acudir de nuevo al Tribunal de Justicia solicitando la imposición de multas contra el Reino de España. "Ya lo ha hecho en otras ocasiones e insiste en que no tendrá la menor duda con respecto a la necesidad de hacerlo en este caso", ha advertido.
Además, en el supuesto de que la proposición de ley siguiera adelante "obviamente" el Gobierno acudiría al Tribunal Constitucional y no descarta que en el supuesto de que llegue a haber multas coercitivas, el Ejecutivo pensará "cómo se puede trasladar esa multa coercitiva a quien sabe que esta es una amenaza real que ha dejado por escrito" en la reunión con el Comisario europeo.
"El mensaje es claro. No caben enmiendas, solo cabe la retirada", ha precisado Ribera que insiste en la "devolución íntegra de esta ley al sitio del que no debió salir nunca jamás".
