Gobierno y PP van al debate de la nación sin negociar el segundo plan anticrisis
Con Feijóo pero sin Feijóo, los populares buscarán el equilibrio entre presentar un Ejecutivo acuciado por su "ineficacia" económica y evitar el catastrofismo.
El Congreso acogerá desde este martes y durante tres jornadas de maratón parlamentario el primer debate sobre el estado de la nación en siete años. Un debate circundado por tres asuntos de singular relevancia que también se discutirán en pleno -la prórroga hasta final de año de las medidas contra el impacto de la guerra en Ucrania y la inflación, el cambio legal para precipitar la renovación del Tribunal Constitucional y la Ley de Memoria Democrática- y bajo una excepcionalidad: el presidente Sánchez confrontará con Alberto Núñez Feijóo pero por persona interpuesta -Cuca Gamarra- dado que el líder de la oposición no es diputado y, por lo tanto, no puede intervenir.
Será, por tanto, un duelo no frente a frente sino por poderes en el caso del PP. Y al que el Gobierno y los populares llegan tan distanciados sobre las urgencias económicas como para que ni siquiera hayan dialogado sobre el segundo plan anticrisis, que se votará esta semana en medio del marasmo del macropleno y sin que se haya clarificado aún cómo lo sacara adelante el Ejecutivo.
Sánchez afronta el debate sobre la nación con la ventaja de ser él quien copará el protagonismo y de poder disponer del BOE. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, confirmó ayer en una entrevista en El Periódico lo que se rumiaba ya: que el presidente aprovechará 'el debate de los debates', excepción hecha del de investidura, para anunciar nuevas iniciativas contra las apreturas derivadas de la guerra y la escalada inflacionista; el "duro golpe" con que la Moncloa califica la invasión rusa de Ucrania en su comunicación previa a los grupos parlamentarios.
La intención política de las medidas añadidas que desvelará Sánchez resulta evidente: iluminar antes del periodo vacacional la imagen de que el Gobierno retiene la iniciativa, alicaída por el descalabro en las urnas andaluzas que ha disparado las expectativas electorales del PP y por el ruido intestino en el Consejo de Ministros, con alta tensión entre el presidente y la vicepresidenta Yolanda Díaz a cuenta del incremento del gasto militar. Una reacción obligada para dar cuerpo a la determinación de Sánchez de agotar la legislatura hasta finales de 2023 y con la que contrarrestar la convicción del PP de que el presidente carece ya de resortes para remontar "el deterioro institucional" y su "ineficacia" para responder al desafío económico.
Los populares tratan de hacer de la necesidad virtud: si Sánchez convoca el debate del estado de la nación cuando Feijóo está imposibilitado para darle la réplica es síntoma "de la muy poca trascendencia" que concede al pleno; y el líder de la oposición no va a procurarse "una pantalla" de protagonismo forzado cuando los suyos creen que la combinación de su mera presencia en los escaños como senador y la intervención de Gamarra bastarán para poner en aprietos al jefe del Ejecutivo. Porque este es, en realidad y según ironizan en Génova, "el debate sobre el estado del Gobierno".
El PP opondrá su programa económico -incidiendo en la exigencia de que se rebaje el IRPF para las rentas medias mientras la inflación no afloje- al de Sánchez, sin ofrecerle "el relato de que somos nosotros los que rompemos" y procurando que la crítica no sea tan acerada como para dar la impresión de que los populares prefieren el 'cuanto peor, mejor'. Los de Feijóo constatan que el Gobierno "no ha llamado siquiera" para contrastar con ellos el plan anticrisis. La evidencia, a sus ojos, de que Moncloa volverá a girar la mirada como en el primer decreto hacia EH Bildu, decisiva también en la controvertida Ley de Memoria Democrática.
