El Palau sirvió de tapadera para que el principal partido del nacionalismo catalán, Convergencia (CDC), se financiara ilegalmente percibiendo comisiones a cambio de la concesión de obras públicas. Al mismo tiempo, los principales gestores de tan venerable institución cultural se reservaban para sí cantidades millonarias. Esta sentencia constituye un hito histórico, porque es la primera vez que un partido político, como tal organización, es condenado en España y porque desmonta y castiga una de las principales tramas de corrupción política que han funcionado en nuestro país. Está por ver si el PDECat tiene o no que asumir la sanción económica fijada por el tribunal, pero lo que es indudable es que la sentencia afecta moral y políticamente a un partido que es heredero de CDC y que absorbió a sus dirigentes y militantes. Por otro lado, ayer mismo se reanudaron, cada uno en su correspondiente fase, los procedimientos judiciales de un apartado de la operación Púnica, de la rama valenciana del caso Gürtel y del caso Faycán en Canarias, que afectan al PP, y el juicio de los EREandaluces, que afecta al PSOE. La Justicia continúa pues su trabajo de lucha contra la corrupción y los ciudadanos tenemos que confiar en que, aunque sea lentamente, su poder higienizante vaya surtiendo efecto.