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Cataluña

Los empresarios apelan a la seguridad jurídica ante el reto independentista

La patronal y los sindicatos se han manifestado esta semana sobre la situación de Cataluña.

Efe Actualizada 17/09/2017 a las 13:18
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Diada de CataluñaAgencias

Los empresarios españoles se han pronunciado esta semana sobre los últimos acontecimientos en el proceso independentista, con la convocatoria de un referéndum que califican de "ilegal" y ante el que apelan al cumplimiento de la Ley para preservar la seguridad jurídica.

La junta directiva de la CEOE aprobó esta semana un documento en el que apoyaban la legalidad y la Constitución "que son las mejores garantías de la seguridad jurídica imprescindible para la competitividad de nuestras empresas".

No obstante, abogaban por afrontar "con la mayor urgencia posible" este problema político "de gran envergadura" para "que no afecte a la convivencia social y prosperidad económica".

Para su presidente, Juan Rosell, en Cataluña hay un problema de "desafección muy importante" y consideró necesario encontrar una vía intermedia "entre la independencia y el acatamiento porque sí y una sumisión total", así como llevar a cabo una reforma constitucional.

Al margen de opiniones personales, el principal miedo para la patronal es el posible impacto que, de continuar adelante, tendría la deriva secesionista en la confianza en el tejido empresarial e inversor, tanto en Cataluña como en el resto de España.

"La no resolución afectaría negativamente a todos los ámbitos", aseguró Rosell, un extremo que confirmó el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, quien descartó que se haya producido deslocalización de empresas en Cataluña, aunque señaló que "si al final esto fuera una locura, el mundo del dinero y los inversores son muy cobardes".

Así lo manifestó también en una entrevista en la Cope el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaume Malet, quien aseguró que muchas empresas, incluidas catalanas, tienen un plan de contingencia para el momento en el que se reciban cartas, por ejemplo, reclamando impuestos por una administración que no le toca.

Y es que, aunque "es altamente improbable" que este asunto concluya en la separación, algunos empresarios están haciendo planes y "tomarán decisiones" para reubicarse en otros países si se llegara a ese "escenario", aseguró el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane.

Tampoco considera que se haya producido la salida de empresas de Cataluña el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien esta semana aseguró que "no ha habido movimientos importantes de deslocalizaciones" porque "el escenario de la independencia no se va a producir".

En este sentido, quitó importancia a la advertencia que hizo la agencia de calificación Moody's esta semana sobre las consecuencias negativas para la economía catalana y española que tendría el proceso secesionista porque este escenario no se va a producir y sería irracional.

La calificación para España de Moody's, al igual que S&P, está en el escalón B, la del aprobado, con una deuda de 1,1 billones de euros (100,03 % del PIB), en tanto que la nota de Cataluña está en Ba3 con perspectiva negativa, con una deuda de 75.400 millones (35,2 % de su PIB).

Desde el ámbito empresarial, la única postura más comprensiva con el referéndum ha sido la esgrimida por la patronal Cecot, que forma parte de Foment del Treball, quien defiende el derecho de los ciudadanos a ser consultados como un elemento estructural de la calidad de la democracia.

"Consultar nunca debería dar miedo" ya que "las leyes son la expresión de una voluntad popular y no un elemento de coacción o inmutabilidad", por lo que "pueden ser modificadas y actualizadas", añade esta organización empresarial.

Por su parte, los representantes de los trabajadores siempre han defendido la búsqueda del diálogo para encontrar una solución política al problema, sin judicializarlo, al tiempo que han rechazado hacer un llamamiento a participar en el referéndum y han mostrado su preocupación por la protección a los funcionarios catalanes.

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, dejaron claro esta semana que hay una parte de la sociedad muy movilizada en Cataluña, donde hay una cuestión política que se debe abordar desde parámetros de negociación y debate político. 





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