Los fiscales del caso 9-N se han opuesto a la petición de las acusaciones populares de juzgar al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por malversación de fondos públicos además de por los supuestos delitos de desobediencia y prevaricación, delitos por los que sí solicitó llevarlos a juicio.

En un escrito presentado ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled concluyen que no hubo malversación en la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 pese a que "generó un gasto público considerable", que cifran en unos 1,3 millones de euros.

Los fiscales esgrimen, entre otras razones, que los gastos se habían comprometido con anterioridad a la suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC) aunque algunas de las partidas se pagaran después.