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Tribunal Constitucional

El ​PSOE, Podemos y C's ven inevitable ir al TC para pedir el control al Gobierno

El Ejecutivo en funciones insiste en que "no tiene la obligación" de someterse al control ni el Congreso responsabilidad para exigirlo.

Efe. Madrid Actualizada 18/03/2016 a las 19:33
Patxi López.Efe

El PSOE, Podemos y Ciudadanos ven inevitable acudir al Constitucional para que aclare si un Gobierno en funciones debe someterse al control parlamentario, mientras el Ejecutivo insiste en que no puede hacerlo y acusa al presidente del Congreso, Patxi López, de secundar a los socialistas.

Ha sido la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la que ha acusado a López de hacer seguidismo del PSOE y le ha dicho que abril debería ser "el mes conciliador para buscar acuerdos" y no un periodo para "hacer oposición" a un Ejecutivo sin capacidad política, que está intentando formar Gobierno con el apoyo "indispensable" de los socialistas.

Un mensaje que se ha producido después de que Patxi López se reuniera con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, para intentar convencerle de que el Ejecutivo, aunque esté de manera transitoria, debe someterse a la fiscalización de la Cámara, como piden la mayoría de los grupos parlamentarios.

Pero Ayllón ha seguido defendiendo que un Gobierno sin la confianza parlamentaria "no tiene la obligación" de someterse al control ni el Congreso responsabilidad para exigirlo, si bien ha reconocido que hay ciertos hechos de especial trascendencia, como la posición de España en la UE ante la crisis de los refugiados, sobre los que ve conveniente informar, como ya se ha hecho.

De momento, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido a explicar a todos los grupos del Congreso el contenido del acuerdo UE-Turquía sobre refugiados al que se ha llegado en Bruselas, pero no ha concretado cómo lo hará.

De la misma forma que Ayllón ha insistido en esa posición, Patxi López ha vuelto a mostrarse partidario de que sea el Tribunal Constitucional el que aclare las dudas sobre cuándo debe someterse el Gobierno al control parlamentario al considerar que la "arbitrariedad" del Ejecutivo "no es de recibo".

Ahora, el siguiente paso en esta polémica institucional parece que lo darán los grupos parlamentarios, que son los que pueden promover esta consulta para que el alto tribunal dirima el conflicto de "atribuciones", una petición que tiene que ser aprobada por el Pleno.

Los socialistas están ya preparando con otras formaciones esta solicitud para que la Mesa de la Cámara lo califique el próximo día 29 y la Junta de Portavoces lo pueda aprobar ese día, con el fin de que pueda debatirse en la sesión plenaria del 5 de abril, aunque luego se abre un plazo de un mes para presentar alegaciones.

Meritxell Batet, secretaria de Estudios y Programas del PSOE, ha comunicado que su grupo se ha puesto manos a la obra para llevar al pleno esta iniciativa ante el "choque institucional" surgido entre el Parlamento y el Gobierno y ha criticado a éste y al PP por empecinarse en no ser controlado por un legislativo que tiene "una legitimidad democrática nueva y fuerte" emanada de las urnas.

Cuenta para ello con el respaldo de Ciudadanos, que ha lamentado, según ha recalcado el secretario del grupo, Miguel Gutiérrez, que finalmente no haya sido posible una acuerdo "de mínimos" para facilitar esa labor de fiscalización.

Podemos también está estudiando la vía del Constitucional para que el Ejecutivo rinda cuentas, aunque en su caso parece que estarían contemplando hacerlo por su cuenta, al margen de lo que haga el PSOE, según ha dado a entender la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Irene Montero.

Mientras tanto, el secretario general del grupo popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha arremetido contra Patxi López por en tender que empuja al Congreso a un conflicto institucional olvidando el papel de "neutralidad" e "imparcialidad" que le corresponde.

También ha lamentado que algunas fuerzas políticas estén instrumentalizando a la Cámara para "desgastar" al Ejecutivo con fines partidistas y electorales.

Con el fin de reforzar la posición del Gobierno, el PP ha facilitado una documentación para demostrar que en las anteriores legislaturas, desde 1996, uno de los primeros acuerdos de la Mesa siempre ha sido comunicar al Ejecutivo en funciones que los plazos que establece el Reglamento de la Cámara sobre las iniciativas que se le trasladen "quedan en suspenso" hasta que se produzca la investidura de un presidente del Gobierno. 







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