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Madrid

Citados el día 16 los testigos que vieron la obra de los titiriteros que ensalzaba a ETA

El juez Moreno también ha pedido los vídeos de la representación que tengan las televisiones

EFE. Madrid Actualizada 08/03/2016 a las 17:27
Raúl García Pérez, uno de los dos titiriteros encarcelados, se dispone a entrar en un coche tras salir de prisiónEFE

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado para el 16 de marzo a cuatro testigos presenciales de la obra de guiñol "La bruja y San Cristóbal", que motivó la detención de los dos titiriteros que la representaron dentro del programa de las fiestas de Carnaval del Ayuntamiento de Madrid.

Además de la declaración de estos cuatro testigos, cuya identidad no ha sido desvelada, el juez ha pedido los vídeos que puedan tener de la representación a cuatro televisiones: RTVE, Atresmedia, Mediaset y Telemadrid, han informado este martes fuentes jurídicas.

Moreno ha acordado la práctica de estas diligencias a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y, una vez cumplimentadas, decidirá sobre la petición de sobreseimiento que han formulado los dos titiriteros -Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez-, quienes permanecieron cinco días en prisión preventiva tras ser detenidos a raíz de la denuncia de algunos padres que asistieron con sus hijos a ver la obra.

Tras su puesta en libertad, los dos reclamaron al juez el archivo de la causa abierta contra ellos por enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio, alegando, entre otros motivos, que existen dibujos animados como "Pokemon" o "Gormiti" dirigidos a menores "en los que existen muchas más escenas de violencia, más realistas, más frecuentes y más explícitas que las cuatro escenas que aparecen" en su obra, que estaba pensada para adultos, indican-,

Los titiriteros defendieron también que los hechos investigados encajan en "el ejercicio al derecho fundamental a la creación artística", y precisaron que la obra es una "sátira humorística representada con motivo de los Carnavales".

Por otro lado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene también pendiente la resolución del recurso de apelación que interpusieron contra las medidas cautelares que les impuso el juez al acordar su excarcelación: comparecencias diarias en el juzgado más próximo a su domicilio, retirada del pasaporte y prohibición de abandonar el territorio nacional.

Al día siguiente de su detención en Madrid, los dos titiriteros fueron a la cárcel a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y cinco días después, al resolver un recurso de los detenidos contra su ingreso en prisión, tanto el juez como la Fiscalía decidieron ponerles en libertad al ver atenuado el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva tras quedar incautado judicialmente todo el material empleado en el espectáculo, además de haberles sido rescindidas "sus actuaciones".

Aun así, pesan sobre ellos las acusaciones de enaltecimiento del terrorismo por el cartel de "Gora Alka-ETA" que aparecía en la obra y de incitación al odio por las escenas violentas que se representaban.

El juez relataba en el auto de prisión que los arrestados, durante el desarrollo de la obra 'La bruja y don Cristóbal', escenificaron numerosas acciones violentas, como el ahorcamiento de un guiñol vestido de juez, el apuñalamiento de un policía, la violación de una monja y el apuñalamiento posterior con un crucifijo".

Además exhibieron una pancarta con la leyenda 'Gora Alka-ETA', "habiendo tenido lugar esos hechos en un acto público, con numerosa concurrencia de personas y asistencia de un público infantil, a quien esencialmente estaba dirigida la representación de los títeres", destacaba la resolución.

Ese público infantil, acompañado mayoritariamente por sus padres, abandonó el lugar escandalizado por lo que estaba viendo y otros arremetieron contra los actores, paralizando la obra y llamando a los agentes de la autoridad, explicaba el juez.

Por todo ello, y a instancias de la Fiscalía, les imputó un delito de enaltecimiento del terrorismo, castigado con hasta 3 años de cárcel, y otro cometido con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y de las libertades públicas, penado con hasta 4 años de prisión. 
 







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