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Exclusión

Cáritas reclama un sistema de ingresos mínimos para las personas excluidas

Un informe detalla trece medidas para solucionar las manifestaciones más preocupantes que vive parte de la población española.

Efe. Madrid Actualizada 09/07/2015 a las 15:41
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La Fundación Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa), creada de la mano Cáritas, ha planteado un conjunto de propuestas para reducir la pobreza y configurar un sistema de ingresos mínimos para las personas excluidas como consecuencia de la recesión.

En el informe Análisis y Perspectivas 2015, titulado "Empleo precario y Protección social", la Fundación alerta sobre la necesidad urgente de revisar el sistema de protección social y aumentar la inversión de recursos en este ámbito.

Los autores de la investigación consideran necesario situar en el eje principal de las políticas públicas a las personas que peor lo han pasado durante la recesión.
La agenda de políticas públicas que propone el informe Foessa incluye cuatro líneas de actuación: políticas de carácter estructural, políticas especializadas, políticas de apoyo y políticas personalizadas.


Los responsables del estudio defienden el desarrollo de políticas de carácter estructural dirigidas a reducir las elevadas tasas de pobreza y exclusión social, al tiempo que exigen "un auténtico sistema de garantía de ingresos mínimos" con cobertura para todas las personas que lo necesiten.


La Fundación aboga también por nivelar las asimetrías sociales existentes con una política fiscal progresiva que grave más a quien más tiene, así como un aumento de las partidas presupuestarias para luchar contra la exclusión social.

En el apartado de políticas especializadas, el informe detalla trece medidas para solucionar las manifestaciones más preocupantes de la exclusión y las dificultades de acceso a la vivienda, la educación, la salud o los servicios sociales.

En el ámbito de la salud, plantea la derogación del real decreto que restringe el derecho a asistencia a las personas extranjeras sin papeles, el desbloqueo de la Ley de Dependencia o la supresión de los copagos farmacéuticos en las rentas inferiores al umbral de la pobreza.

En materia de vivienda, los autores piden cambios en la ley hipotecaria para afrontar el "drama" de los desahucios provocados por el impacto de una hipoteca.
Respecto a la inmigración, solicitan que se faciliten los permisos de residencia por trabajo, así como la reagrupación familiar, a la vez que sugieren el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la prohibición de las deportaciones por irregularidades administrativas.

También se propone una estrategia de actuación respecto de los empleos con bajos salarios, además del desarrollo de políticas sociales "reales" de apoyo a las familias, con becas de comedor y fórmulas para garantizar la alimentación básica de los menores de 16 años.

Asimismo, el informe apuesta por una batería de políticas personalizadas que sirvan para afrontar la situación puntual de las personas más excluidas, con fórmulas de empleo adaptado, acompañamiento o itinerarios alternativos de "activación social" para aquellos más alejados del mercado de trabajo.







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