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Caso de los ERE en Andalucía

​La fiscalía alerta de la imposibilidad de enjuiciar los ERE de forma conjunta

Se investigan a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Efe. Sevilla 06/11/2014 a las 06:00
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La Fiscalía General del Estado ha alertado este miércoles, en el escrito en el que pide al Tribunal Supremo que investigue a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE, que la extensión de las diligencias "hace inviable cualquier posibilidad de enjuiciamiento conjunto".

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía subraya que las diligencias "se encaminan, si es que no lo rebasan, hacia los 100.000 folios de extensión y superan el número de 200 imputados", cifra que con las nuevas imputaciones de esta semana se elevan a 229 acusados.

"Estas cifras hacen inviable cualquier posibilidad de enjuiciamiento conjunto y obligan a adoptar fórmulas que faciliten el tratamiento procesal de imputados y hechos", concluye la Fiscalía.

El Ministerio Público no entra a evaluar si la actitud de la cúpula política de la Junta imputada cometió o no delito entre 2000 y 2012, periodo en el que, según la juez Mercedes Alaya, titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, se produjo la ilegal aplicación de fondos públicos por importe de 855 millones de euros.

Tras recordar las sentencias del Supremo sobre las "consecuencias perniciosas de los llamados 'macroprocesos'", la Fiscalía pide que "a fin de evitar indeseadas anomalías procesales y las siempre rechazables dilaciones indebidas, sería necesario desglosar la causa primigenia, de la que debe seguir conociendo" el juzgado de Alaya, contraria a dividir la causa.

La Fiscalía insta a que el caso se aborde en "piezas separadas que faciliten la instrucción y el posible enjuiciamiento de las distintas conductas, sea dividiéndolo por expedientes de concesión de ayudas sociolaborales o de empresas, salvo conexidad en cuanto a identidad de los sujetos beneficiarios, o por ejercicios presupuestarios".

Alaya envió en agosto al Supremo una exposición razonada señalando la existencia de indicios para imputar a nueve aforados, y ahora la Fiscalía ha pedido al alto tribunal que se encargue de la causa sobre los cinco aforados nacionales, además de recomendar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ocupe de los cuatro aforados autonómicos.

La Fiscalía cree que "las conductas cuyo contenido se ha acotado es ciertamente escindible del resto de la instrucción judicial que se sigue" en el juzgado de Alaya.

Así, la Fiscalía recuerda que incluso la juez divide "la exposición de los hechos en dos fases perfectamente diferenciadas: una primera de ideación y diseño del procedimiento específico para canalizar las ayudas en general" destinadas a empresas.
La segunda etapa, señala la Fiscalía, sería "la ejecución administrativa y material mediante la suscripción de convenios particulares de colaboración y de pólizas de seguro".

En esta segunda etapa solamente intervenían, según la exposición razonada de la juez, "el responsable de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo y el Presidente del Instituto de Fomento de Andalucía".

Los hechos que se enjuiciarían serían, "grosso modo, crear un sistema de concesión de ayudas sin sujeción a control alguno y dotarlo de los correspondientes fondos con la finalidad de lograr y mantener la paz social en Andalucía", indica la Fiscalía.

Estos hechos, añade, "son independientes" de los posteriores acaecidos en cada ayuda, "pues en nada afecta a su tipificación que en la Dirección General haya habido o no expedientes, solicitud formal previa, control de las condiciones y cumplimiento de los fines de la ayuda, hayan mediado o no sobrecomisiones, existan o no en las pólizas 'intrusos', etc".

El fiscal considera que el Supremo debe investigar a cinco personas aforadas: Manuel Chaves, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías en su calidad de diputados del Congreso, y Mar Moreno y José Antonio Griñán en su calidad de senadores.

En cuanto al resto, parlamentarios autonómicos, la fiscalía cree que deberá ser el TSJA el que se encargue de la causa. Son Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Recio, todos ellos exconsejeros de la Junta. 
 







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