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Consulta soberanista

La Generalitat pide al Tribunal Constitucional que levante la suspensión de la consulta

El escrito presentado será trasladado al abogado del Estado para que exprese su opinión.

Efe. Madrid Actualizada 01/10/2014 a las 15:44
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La Generalitat de Cataluña ha pedido este miércoles al Tribunal Constitucional que levante la suspensión de la consulta soberanista acordada el lunes por el pleno del tribunal de garantías constitucionales, han informado a Efe fuentes jurídicas.

La petición ha entrado este miércoles en el registro del tribunal, donde la Generalitat ha presentado también escrito para personarse en el procedimiento abierto por el Constitucional contra ley de Consultas aprobada el viernes día 19 por el Parlamento catalán y contra el decreto de convocatoria del 9N firmado el sábado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

El escrito presentado por la Generalitat para que levante la suspensión del decreto será trasladado al abogado del Estado para que exprese su opinión sobre la petición.

Fuentes del tribunal han explicado a Efe que es difícil saber en estos momentos si esta petición de la Generalitat puede llegar a estudiarse en el próximo pleno ordinario que celebrará el Constitucional la semana que viene, en concreto desde el martes al jueves.

De momento el Parlamento de Cataluña no ha registrado su personación en la causa y en caso de hacerlo también se le dará traslado de la petición de la Generalitat para que se pronuncie sobre el levantamiento de la suspensión de la consulta. El procedimiento de contestación, por tanto, de la Abogacía del Estado a la petición de la Generalitat y, en su caso, del Parlamento de Cataluña puede producirse durante un tiempo que no podido ser concretado.

El Gobierno catalán decidió este martes suspender temporalmente la campaña institucional del 9N y presentar alegaciones contra la suspensión cautelar del referendo por parte del Tribunal Constitucional, aunque el consejero de Presidencia, Francesc Homs, advirtió de que "la partida continúa".

Tras la suspensión cautelar acordada este martes por el Tribunal Constitucional (TC) de la ley de consultas y del decreto de convocatoria del 9N, el Gobierno ha adoptado medidas temporales para que, a consecuencia de los preparativos de la consulta -entre ellos la campaña institucional-, no resulte afectado ningún funcionario o ciudadano.

La tarde del lunes, el pleno del Tribunal Constitucional suspendió de forma cautelar y por unanimidad la consulta soberanista catalana tras admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra la convocatoria del 9 de noviembre.

La decisión fue adoptada en un pleno convocado de forma urgente esta mañana, tras presentar el abogado del Estado en el Registro del Constitucional los recursos del Ejecutivo contra ley de Consultas y contra el decreto de convocatoria del 9N.

La admisión de los recursos fue tramitada por el Constitucional en tiempo récord, ya que la interposición del recurso del Gobierno fue anunciado pocos horas antes por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una comparecencia ante los medios de comunicación tras reunirse de forma extraordinaria el Consejo de Ministros.

El Constitucional afirmó el lunes que la decisión del pleno de no demorar su resolución en este caso "obedece a que el tribunal es consciente de la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas, para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana".

La suspensión de la ley de consultas catalanas y la convocatoria del 9N se ha producido de forma automática porque ha sido el Gobierno el que presentó los recursos de inconstitucionalidad y lo ha solicitado así de forma expresa.

Tras la admisión a trámite, han quedado en suspenso "todas las resoluciones o actos dictados en aplicación de la norma y el decreto recurridos", según el TC.

El tribunal deberá decidir próximamente si prolonga esa suspensión temporal antes de que pase un plazo de cinco meses o, en su caso, la levanta.

Por tanto, aunque la suspensión es cautelar y no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, podría extenderse hasta que el TC resuelva sobre el fondo del recurso, es decir, la legalidad de la convocatoria.







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