Los sistemas de vigilancia con cámaras de video pasan de 36 a 575 en ocho años

Los ficheros de datos necesarios para grabar con cámaras de videovigilancia en la provincia han pasado de 36 a 575 en los últimos ocho años. La posibilidad de ejercer el control de un espacio, la sensación de inseguridad o el avance de las nuevas tecnologías, que ha abaratado su coste, han derivado en que la cifra de estos sistemas se haya multiplicado por 16 desde 2009. El total nacional, 307.549, es ahora 14 veces más alto que entonces.

"Hay bastante más demanda", resume Miguel Ángel García, director técnico de Serdeset en Soria. Y enumera entre los requerimientos de los clientes "el control de los portales" en las comunidades de vecinos o la protección frente a "hurtos en párquines comunitarios". En las empresas "lo más común es que quieran tener la certeza de quién entra o sale". Avisa que "el control" de un espacio determinado es la finalidad más demandada. La seguridad "es un valor añadido" que repele de posibles "robos o atracos" o que "sirve a los Cuerpos de Seguridad para resolver estos hechos". Bien es cierto que en los últimos meses se han producido iniciativas relacionadas con la videovigilancia para eludir los robos en determinados puntos de la provincia, sobre todo en pequeños municipios. En febrero, Almazán instaló cámaras en el polígono industrial para frenar una oleada de hurtos. El alcalde, José Antonio de Miguel, abanderó también una petición popular para instalar una red de videovigilancia en toda Soria.

No se contabiliza el número de cámaras, pero sí los ficheros que aprueba la Agencia de Protección de Datos, un registro necesario para grabar. De los 557 sistemas que hay hasta el 1 de marzo, la mayoría son privados (96%). El sector público se queda en 18. Entran en ese listado, por ejemplo, las seis cámaras de tráfico del Ayuntamiento de Soria o las del edificio de la Subdelegación de Gobierno. A cada uno de estos ficheros de videovigilancia puede haber vinculados uno o varios aparatos. Hace ocho años, primer dato registrado, la cifra era mucho menor. Había 36 entre los dos tipos. De estas, 34 eran privadas y dos públicas. Atendiendo al último año, de marzo de 2016 a marzo de 2017, se ha abierto uno de estos ficheros para videovigilancia cada cuatro días.

Por sectores, el comercio destaca en el uso de estos aparatos, seguido de las empresas de turismo y hostelería y las comunidades de vecinos.

Un servicio más asequible

Alberto Gil, portavoz de la Federación de Empresarios de Comercio de Soria, atañe el aumento "a las ofertas que proliferan con las alarmas". El auge de las nuevas tecnologías ha abaratado su precio y puede encontrarse este servicio por unos 50 euros al mes, con o sin el coste de la instalación. Dependiendo de las necesidades de cada caso (el número de cámaras, si es una casa en las afueras, un piso en el centro o un comercio en una zona conflictiva...), la cantidad varía.

En este sentido, Gil explica que si antes "cada cual si quería tenía su instalación", ahora es cada vez más común que las empresas de seguridad ofrezcan paquetes con "unas cámaras que se activan cuando salta la alarma". En este caso, los aparatos graban cuando hay una anomalía. También existen los circuitos cerrados, aunque no son los más utilizados en los comercios de Soria. Estos, si son controlados mediante visualización en pantalla y no graban, no es necesario darlos de alta en la Agencia de Protección de Datos.

Es Jesús Muñoz, presidente de Soria Centro, quien explica que "el índice de robo en Soria capital es muy bajo y tampoco son estrictamente necesarias". Detalla que "son más convenientes por la noche". Es decir, en el caso de los comercios no se instalan por los hurtos en horario de apertura, sino para asegurar que el establecimiento no sufre ningún tipo de incidente en las horas en las que no hay actividad al público.

Mayor concienciación

Entre las diferentes causas que han motivado el auge de estos ficheros o autorizaciones está la nueva Ley sobre Seguridad Privada aprobada en 2014, que reguló el sector. El artículo 42 define la videovigilancia, establece en qué casos las cámaras deben ser controladas por vigilantes de seguridad o guardas rurales y acota los lugares donde no pueden utilizarse, como la vía pública a no ser que el responsable sea una administración. "La gente ya está mas concienciada de que no sirve solo con poner las cámaras, sino de que las tiene que registrar y que lo tienen que hacer empresas homologadas", relata el director técnico de Serdeset en Soria. Anima asimismo a "que se queden registradas en la Dirección General de la Policía".

Las normas sobre protección de datos en este sentido son restrictivas para mantener la intimidad de las personas, según detallan desde la Agencia de Protección de Datos. Se basan además en una relación de proporcionalidad entre la finalidad perseguida y el modo en el que se traten los datos.

Si el sistema de videovigilancia conserva las imágenes, debe notificarse previamente a la Agencia. Es necesario informar mediante carteles informativos de la existencia de videocámaras y de los derechos de los ciudadanos. También se han de adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de las imágenes, para que no puedan ser usurpadas, y han de eliminarse en el plazo máximo de un mes desde su captación.