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Túnez

La presión del FMI amenaza con marchitar la última de las "primaveras árabes"

Con los dos problemas estructurales procedentes de la dictadura aún muy presentes -el paro y la corrupción-, el FMI exige un receta que incluye subidas de impuestos, reformas comerciales y financieras, recortes y despidos.

Efe. Túnez Actualizada 14/01/2018 a las 15:25
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Miles de tunecinos conmemoran el séptimo aniversario de la revolución que acabó con la dictadura de Zinidin Ben Ali.Efe/Javier Martín

Desde que en 2011 triunfara la "revolución del Jazmín" y el mundo aplaudiera con asombro el estallido de las primaveras árabes, Túnez ha sufrido tres graves crisis que han amenazado su transición.

La primera fue política y se solucionó en 2014 gracias a la habilidad del ahora presidente, Beji Caïd Essebsi, un hombre del sistema, y el pragmatismo de Rachid Ghannouchi, líder del partido islamista "Ennnahda".

La segunda la causó la oleada de atentados yihadistas que en 2015 segó la vida de 72 personas, hundió el turismo -una de las principales actividades económicas del país-, y sumió a Túnez en una aguda crisis económica que todavía padece.

La tercera tiene su origen en el crédito de 2.500 millones de euros concedido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de espartana austeridad y que un año después no solo no ha servido para olvidar la crisis si no que amenaza con marchitar la primavera democrática.

Con los dos problemas estructurales procedentes de la dictadura aún muy presentes -el paro y la corrupción-, el FMI exige un receta que incluye subidas de impuestos, reformas comerciales y financieras, recortes y despidos.

"El FMI es objetivo, ataca directamente los problemas que tienen que corregirse pero (debe darse cuenta de que) existe también una realidad social y económica", explica Kais Fekih, profesor del Instituto de Altos Estudios Comerciales de Cartago.

Fekih, como otros muchos, cree que la revolución ha fallado en el aspecto económico y financiero, y que la situación de Túnez a este respecto es, siete años después, la misma que antes de la caída de la dictadura.

E insiste en que las reformas son necesarias y esenciales, sobre todo el sistema fiscal, donde cerca de 400.000 personas se benefician de tasas concertadas: una cantidad fija que les permite eludir el pago en virtud de beneficios.

También está de acuerdo con la necesidad de aligerar la función pública, que da trabajo a cerca de 800.000 personas y que además de de desequilibrar las cuentas es ineficaz y lenta, con un alto grado de absentismo laboral.

Pero discrepa con el gobierno de la idea de que las subidas de impuestos, "que han disparado la inflación y los precios y causado esta reacción popular", no vaya a alcanzar en un futuro próximo a los productos subvencionados y básicos, añadiendo aún más presión.

"No ha habido un aumento (de precio) de los productos de primera necesidad, pero llegará porque la economía es una cadena en la que todo está relacionado", subraya.

"El FMI tiene razón en muchas cuestiones pero somos una democracia emergente, est amos aprendiendo a vivir en democracia. Necesitamos más tiempo para adaptarnos, para evolucionar y convertirnos en un país desarrollado. E imponer tales impuestos no va a ayudar, necesitamos acompañamiento a largo plazo", advierte.

En la misma línea se pronuncia Massoud Romdhani, presidente del Fórum Tunecino por los Derechos Económicos y Sociales (FTDES), quien añade la variante del hartazgo y recuerda que en 2011 la gente salió a la calle "para exigir también justicia social".

"No hay un dolor tan agudo como el de sentir que uno no tiene futuro en su propio país y que todo lo que ha hecho no sirve para nada. (Ahora, incluso) se suele oír en la calle en tiempos de Ben Ali se vivía mejor. Túnez vive una situación económica catastrófica y los sucesivos gobiernos no han logrado rectificar el tiro", insiste.

"Lo ha intentado endeudándose con el FMI, pero todos estos movimientos han originado más deudas sin mostrar un verdadero resurgir económico. La gente ha perdido la esperanza de que la situación cambie", agrega.

Pero si la situación económica es similar a la que incendió el país en 2011, la política ha cambiado y parece el dique que impedirá que se llegue a un resultado similar.

Ni el presidencia ni el gobierno actual están interesados en un estallido que podría servir para abrir las puertas a los yihadistas, un temor que también comparten las naciones vecinas.

Tampoco el partido islamista "Ennahda", que ansia la celebración de las primeras elecciones municipales desde el fin de la tiranía, previstas para el próximo mayo.

Con el control del Parlamento, una posible victoria le añadiría poder territorial y le colocaría de inmejorable posición ante las presidenciales de 2019.

Mientras que otros actores claves en el alzamiento, como la UGTT, principal sindicato nacional, carecen de la fuerza de antaño.

"El gobierno negocia bajar el pistón e imponer algunas medidas para que la población respire", explica Hedi, un joven empresario. "Pero no va a cambiar la política mientras pueda controlar la presión de la calle", apostilla.

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