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Portugal

Portugal, escenario de primer arresto exterior por el caso brasileño "Lava Jato"

El Ministerio Público portugués confirmó que había recibido de "una petición de cooperación judicial internacional" por parte de la Justicia brasileña.

Efe. Lisboa Actualizada 22/03/2016 a las 00:54
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 La investigación del caso de corrupción "Lava Jato" vivió este lunes su primera operación fuera de las fronteras brasileñas con la detención en Portugal del empresario Raul Schmidt, antiguo empleado de la petrolera estatal Petrobras.

Schmidt, que se encontraba huido desde que en julio de 2015 el juez ordenara su detención, fue arrestado en un apartamento en pleno centro de Lisboa, dentro de una operación entre las autoridades de ambos países.

Su detención se produce en un momento clave del proceso "Lava Jato" ("Lavado de coches"), que también salpica al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y que derivó en una tormenta política en los últimos días.

Tanto la Fiscalía como la Policía Judicial (PJ) de Portugal dieron detalles del arresto de un ciudadano luso-brasileño (tiene la doble nacionalidad) por su relación con este caso, pero sin llegar a desvelar su identidad, que sí fue revelada por el Ministerio Público Federal de Brasil.

Schmidt, sobre el que pesaba una orden de detención internacional, es sospechoso de "haber actuado como intermediario en operaciones de Petrobras que llevaron al cobro indebido de comisiones por valor de varios millones de reales", de acuerdo con la información facilitada por las autoridades.

Con residencia en Londres, donde es propietario de una galería de arte, el ahora detenido fue representante de Petrobras en Angola entre 1994 y 1997 y, desde 2007, actuaba como intermediario entre la petrolera y algunos de sus abastecedores en el exterior.

La Fiscalía brasileña lo acusa de haber cobrado sobornos a los clientes que querían adjudicarse contratos con la empresa estatal y de haber transferido parte de esos recursos desviados tanto al entonces director del área internacional de Petrobras Jorge Zelada, con quien tiene estrechos vínculos, como a otros dos directores de Petrobras también condenados: Renato Duque y Néstor Cerveró. Según estas mismas fuentes, Schmidt optó por trasladarse a Portugal cuando la red de corruptelas en la compañía estatal comenzó a ser desvelada, hace justo dos años, y actualmente se escondía en Lisboa con la ayuda de algunos familiares.

En el arresto de Schmidt participaron 14 agentes de la PJ, un fiscal y un juez por parte de Portugal, así como otro fiscal y dos policías por el lado de Brasil.

Además de la detención del empresario en Lisboa, la operación incluyó registros en inmuebles vinculados con él en Brasil.
El empresario deberá presentarse en las próximas horas ante el Tribunal de Relación de Lisboa, encargado de decidir sobre el proceso de extradición ya iniciado por la Justicia brasileña.

Las autoridades de ambos países colaboran en el marco de este proceso desde julio de 2015, cuando el Ministerio Público portugués confirmó que había recibido de "una petición de cooperación judicial internacional" por parte de la Justicia brasileña.

El caso "Lava Jato" tiene varias ramificaciones y una de ellas afecta directamente a Lula da Silva por supuesto tráfico de influencias a favor de la constructora brasileña Odebrecht.
En Portugal, el ex primer ministro Pedro Passos Coelho llegó a salir al paso de las informaciones que apuntaban a un supuesto intento de Lula da Silva por conseguir que su Gobierno favoreciera a la constructora brasileña para que fuera beneficiada en los procesos de privatización en suelo luso.

"Déjeme usar una expresión que creo que todo el mundo entiende: el ex presidente Lula da Silva no intentó enchufar a ninguna empresa brasileña", dijo en julio de 2015 el conservador Passos Coelho.

El responsable de la investigación de las corruptelas en Petrobras es el juez Sérgio Moro, el mismo que ordenó la detención del empresario Raul Schmidt. El caso se refiere al acuerdo entre una veintena de grandes contratistas de Petrobras para montar un cartel dirigido a distribuirse los contratos con la petrolera y que sobrevaloró los negocios realizados con la firma estatal durante al menos una década.

Para garantizar los contratos, distribuía sobornos entre varios directores de la compañía y decenas de autoridades y políticos que amparaban las corruptelas. El caso ya ha mandado a prisión a los directores de varias de las mayores constructoras de Brasil y ha implicado a medio centenar de políticos de todos los partidos. 







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