Detenidos dos cazadores ilegales en Ribagorza gracias a las fotos incautadas a otro furtivo

Las fotos que se hicieron con sus presas les delataron. Dos vecinos de la Ribagorza han sido detenidos por el Seprona de la Guardia Civil en la misma operación que en febrero permitió arrestar a un hombre que en la última década podría haber abatido ilegalmente más de 200 piezas de caza en los montes de Sobrarbe, Ribagorza y el valle de Arán (Lérida), en muchos casos dentro de espacios protegidos.

Las pesquisas que llevaron a los investigadores hasta A. C. G., de 56 años, habían comenzado en mayo de 2009, a raíz del hallazgo del cadáver de un sarrio decapitado en el valle de Llauset (Montanuy), dentro del área de influencia del Parque Natural de Posets-Maladeta.

Tras un cotejo del Laboratorio de Criminalística, se le requisaron las armas a su nombre, y pese a saberse bajo sospecha, durante meses siguió cazando con otro rifle clandestino. Finalmente, los agentes solicitaron al juez una orden de registro domiciliario, y al entrar en su casa hallaron todo tipo de pruebas de sus fechorías. Allí había 17 cabezas, entre ellas las de 7 sarrios recientemente abatidos en un arcón congelador y cuyo ADN se contrastó con el del cuerpo abandonado. También había desde un hacha y un gran cuchillo para decapitar a los animales, hasta munición prohibida y sofisticados sistemas de óptica, además de las vainas que recogía del monte para no dejar rastro.

Pero entre los elementos incautados que tendrán mayor importancia de cara a una eventual condena, y que además han permitido arrestar a los otros dos furtivos, había una cámara de fotos, tarjetas de memoria y 180 imágenes que atestiguan que cazaba en cualquier época del año y que en una misma jornada podía llegar a cobrarse hasta tres piezas. En algunas de ellas aparecían precisamente P. P. P., vecino de Ginaste (Montanuy), de 46 años, y a M. P. J., de 57 años y domiciliado en Benifons (otro núcleo del mismo municipio), que fueron detenidos recientemente como presuntos autores de un delito contra la fauna y la flora, ya que habrían matado a varios animales sin permiso.

Tras declarar en el Juzgado de Instrucción de Barbastro que lleva las diligencias, quedaron en libertad con cargos, al igual que ocurrió con A. C. G.. No obstante, su imputación es mayor. Al parecer, se dedicaba "profesionalmente" a la caza ilegal y a labores de acompañamiento de otros furtivos, un 'trabajo' por el que se pueden pagar de 3.000 a 5.000 euros diarios. Podría enfrentarse a penas de más de 6 años de prisión, además de pagar decenas de miles de euros de indemnización por los animales muertos.

Con la imputación de los dos vecinos de Montanuy, el Seprona da por cerrada la denominada operación Minuto.