Caja Inmaculada cierra una semana intensa y desconcertante. El Consejo de Administración de la caja de ahorros aragonesa optó el lunes por destituir a su director general, Tomás García Montes, una decisión que, en el caso de la entidad, con un presidente no ejecutivo, significa cesar a su primer directivo, la cabeza visible de la empresa, el profesional que más poder ejercía en la caja.

Pese a que desde la entidad financiera no se han dado explicaciones oficiales de las razones de tan fulminante decisión -más allá de unas escuetas líneas en el comunicado que la caja envió a los medios de comunicación al día siguiente de celebrado el Consejo, en el que se decía que la entidad inicia, con el proyecto del SIP (Sistema Institucional de Protección), una nueva etapa que aconseja la renovación de la dirección general-, el hecho no parece haber cogido por sorpresa al entorno de la caja. Decir que este cese se veía venir quizá sea mucho decir; pero lo cierto es que hacía tiempo que el estilo de dirección de García Montes generaba descontento en muchos ámbitos, tanto de dentro, como de fuera de la caja. El aislamiento (o ensimismamiento) en que parecía sumido, la falta de comunicación (tanto en los niveles internos y más próximos a la gestión de la caja como en los externos y más institucionales) han ido, a lo largo de los años -accedió a la dirección en 2005-, enrareciendo el ambiente y creándole enemistades.

Esta semana muchas han sido las teorías (conspirativas) que se han difundido 'sotto voce' para explicar la salida del director general. Probablemente, en todas hay algo de cierto y todas ellas juntas ayudan a comprender mejor la situación. Pero se corre el peligro de acabar confundiendo el entorno, las personas y sus circunstancias con la institución. Y por la institución, tratándose como se trata de una entidad financiera, hipersensibles por definición a las situaciones que generan alarma y desconfianza, se debería extremar la prudencia.

Lo que puede afirmarse sin temor a equivocación es que el Consejo de Administración de la CAI había perdido la confianza en el primer ejecutivo de la entidad -un resultado de 14 consejeros, de los 16 que forman el órgano de gobierno, a favor de su cese no deja lugar a dudas- y que esta situación se produjo en un contexto muy determinado: el proceso en el que se halla embarcada la caja para la creación de un SIP junto con Caja Rioja y la Caja Insular de Canarias. Esta vía, conocida también como fusión 'virtual' o 'fría', que había sido defendida y liderada por el director general ahora cesado, se está encontrando con muchas reticencias y recelos en el Consejo y, sobre todo, entre la plantilla y los representantes sindicales -en este asunto van de la mano Asipa, UGT y CC. OO., las tres centrales con presencia en la caja-. De hecho, en la misma nota pública emitida por el Consejo tras la celebración de su decisiva reunión se anunciaba la apertura de una "línea de trabajo" con los representantes de los trabajadores y se recogía tanto la inquietud de la plantilla por la integración de Caja Inmaculada en un SIP como la petición de que se estudien otras posibles alternativas.

Dos decisiones en el horizonte

Pasada la sorpresa (de la destitución de su primer directivo), la CAI se enfrenta ahora a dos decisiones de gran importancia.

La primera, elegir a un nuevo director general. García Montes continuará en el cargo hasta el 31 de diciembre y después, si aún no ha sido hallado el profesional adecuado, tomará las riendas (de manera provisional) el actual director general adjunto Juan Antonio García Toledo. Como suele ser habitual en estos casos, las quinielas con los posibles nombres han empezado ya a funcionar.

La segunda, determinar cómo quiere afrontar la entidad el futuro. La gran mayoría de cajas de ahorros españolas, por no decir todas, están en un proceso similar al que está pasando la CAI. El Banco de España insiste en que el mapa financiero debe reordenarse, hacerse más pequeño (con menos cajas) y más fuerte. Y con este mandato como norte, cada cual está buscando la mejor opción: fusiones tradicionales, en unos casos; SIP, en otros; e incluso hay alguna valiente como CajaCírculo, que siendo aún de menor tamaño que la CAI (la burgalesa tiene unos activos consolidados de poco más de 5.000 millones de euros; la aragonesa ronda los 12.000 millones), le ha planteado al supervisor seguir en solitario.