Los bancos españoles deberán movilizar 30.000 millones de euros adicionales para cumplir con los nuevos requerimientos de provisiones aprobados por el Gobierno, según informó el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Estas provisiones afectarán a los créditos inmobiliarios considerados no problemáticos, a diferencia de la reforma aprobada a principios de febrero pasado, que exigió a la banca 54.000 millones para sanear la cartera de créditos morosos o problemáticos.

De esta manera, la banca española deberá destinar un total de 84.000 millones de euros para sanear los créditos a la promoción inmobiliaria, que sumaba a finales de 2011 un total de 310.000 millones de euros.

De esta cifra, unos 123.000 millones son considerados no problemáticos, si bien se cree necesario aumentar los saneamientos, que hasta ahora suponían el  7% de su importe, para disipar todas las "dudas sobre la rentabilidad y la solvencia de las instituciones bancarias", dijo el ministro.

A partir de ahora, los bancos deberán provisionar los créditos para la compra de suelo al 52%, las promociones en curso al 29% y la promoción terminada al 14 %.

Una vez acometidos estos saneamientos, la banca disfrutará de una cobertura del 45 % en su cartera de crédito para la promoción inmobiliaria.

Los bancos cuentan con un mes, hasta el 11 de junio, para comunicar al Banco de España cómo piensan acometer estos saneamientos.

El Ministerio de Economía da por supuesto que no todas las entidades españolas podrán afrontar estos requerimientos sin que sufran un deterioro en sus recursos propios o en sus ratios de capital.

Por ello, el Real Decreto Ley aprobado contempla que en caso de que una entidad necesite inyecciones de capital, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), podría realizarlo mediante la compra de acciones o a través de la compra de títulos convertibles, aunque "prioritariamente" se optará por esta segunda.

"Este tipo de inyección de fondos no supone la concesión de ayudas públicas", dijo el ministro, que explicó que la devolución de los fondos exigirá el pago de un interés del 10 %, "el doble de lo que está pagando el Tesoro a esos plazos".

Los bancos tendrán cinco años para devolver todo el dinero público.

El Gobierno ha decidido también, para dar una imagen de mayor transparencia hacia los mercados, encargar a dos tasadores independientes una valoración de toda la cartera inmobiliaria que tiene en su balance la banca española.