tribunales
Juzgan a un guardia civil en Zaragoza por supuesta revelación de secretos
La Fiscalía solicita tres años de prisión y seis de inhabilitación absoluta.
Un guardia civil fue juzgado ayer en la Audiencia Provincial de Zaragoza como presunto autor de un delito revelación de secretos agravado por su condición de funcionario, lo que supone que la Fiscalía solicite para él tres años de prisión y seis de inhabilitación absoluta. El Ministerio Público lo acusa de utilizar la base oficial de datos para usos particulares en su trabajo como criminólogo que desarrolla al margen de la Guardia Civil y para el que está autorizado, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declarara la compatibilidad de ambas tareas.
El agente, destinado en el Subsector de Tráfico de Zaragoza, niega los hechos y asegura que todas las consultas que hizo en el sistema de datos fueron por motivo de su trabajo como guardia civil y relacionadas con el servicio diario o con colaboraciones que le solicitaban sus compañeros. Por esa razón, su abogado, Javier Ferreira, solicita su absolución.
El acusado fue denunciado por el GIAT, unidad de investigación de accidentes de tráfico, al constatar que había entrado muchas veces en el Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO), algunas de ellas por asuntos relacionados con malos tratos, quebrantamientos de condena, lesiones y hurtos. En total, se auditaron 605 consultas y se encontraron 14 sospechosas. El guardia civil, P. G., reconoció todas ellas e insistió en que están relacionadas con su trabajo. Aclaró que es un sistema que tiene limitados los accesos en función del puesto asignado y que solo se pueden consultar datos básicos personales y antecedentes policiales de arrestos practicados exclusivamente por la Guardia Civil. "No se puede acceder a atestados elaborados por otros compañeros ni expedientes de otras unidades", subrayó.
Indicó que nadie se ha quejado nunca de su tarea o de causar algún perjuicio y atribuyó el origen de la denuncia a la "enemistad manifiesta" de un compañero –al que no identificó porque no tiene pruebas de que haya sido él– por su trabajo como criminólogo.
Por su parte, el instructor del expediente ratificó que sospechó que el acusado estaba haciendo un uso indebido de los medios de la Guardia Civil para la práctica de su actividad privada.
