Una discrepancia por entrar en el padrón de Embid de Ariza acaba en manifestación
Un vecino critica que el alcalde impida su inscripción, mientras que el regidor dice que solo cumple la norma.
Las discrepancias entre Javier Baena, vecino de Embid de Ariza, y el alcalde, Joaquín Mariscal (Cs), sobre la inscripción del primero en el padrón han acabado con la convocatoria de una manifestación para el 13 de agosto en la que se pedirá la dimisión del edil. Está prevista para las 20.00, desde la plaza Mayor hasta el Ayuntamiento. Entre los argumentos que aportan los convocantes está la oportunidad de expresarse "contra la despoblación, la injusticia y el caciquismo".
"En 2018 me compré una casa a la que voy siempre que puedo. Tengo luz, agua y fibra. Pero el alcalde se niega a empadronarme", explica Baena. Ante esta situación, recurrió al Justicia de Aragón, que se dirigió al Ayuntamiento para encontrar una solución, pero el resultado fue el mismo. "Estoy valorando recurrir a la vía judicial, porque ya no contesta a ningún correo electrónico", asegura.
Mariscal, con 22 años en el cargo, sostiene que no se niega a empadronarle, sino que "no puede" porque Baena no reside en el pueblo "seis meses y un día", como marca la norma. Acerca de que no ha aplicado el mismo criterio a otros vecinos, el regidor señala que él no inscribe a su "antojo".
En la respuesta al Justicia, hizo hincapié en lo mismo: "No es al único que se le ha denegado". Baena dice que Mariscal vive en Calatayud y que al ser concejo abierto convoca "a los que sabe que le apoyan". El alcalde asegura que trabaja en el municipio "como agricultor" y que estuvo "limpiando calles durante Filomena".
Baena comenta que la solicitud ante la Delegación del acto del día 13 está presentada a petición suya, tanto por "su actitud de lo que vendría a ser un cacique" como por "falta de transparencia y comunicación". Mariscal en cambio sostiene que "se han hecho muchas cosas bien" y sobre su paso desde 1999 por el PP, el PAR y Ciudadanos asume que se presentará "por las siglas que quiera, que no estoy aquí por ser político". Desde Cs, partido actual de Mariscal, señalan que han intentado contactar sin éxito con él. "La comunicación con la estructura orgánica ha sido prácticamente nula desde el comienzo de la legislatura", dicen.
Segunda reclamación al Justicia
El 27 de julio el Justicia recibió una segunda solicitud para interceder ante Mariscal. Firmada por Alejandro Puyal en nombre de la empresa Silmor, compañía con dos concesiones mineras en el pueblo, el documento deja constancia de que en 2015 se firmaron dos contratos con el alcalde para abonar unas tasas: uno como propietario de unos terrenos y otro en nombre del Consistorio para facilitar el paso de camiones por el casco urbano y un camino. En 2018, la empresa decidió dejar de abonarlas al poner en duda si eran procedentes y considera que Mariscal actuó de forma arbitraria al bloquear los accesos con aperos, un coche y un montón de arena.
"Al no pagar, y lo pone en una cláusula, ambos contratos quedan extinguidos", señala el edil. Ante la queja de Silmor de una restricción fijada un mes después con colocación de señales para prohibir el paso a vehículos de más de 10 toneladas por el núcleo urbano, Mariscal detalla que "se modificaron las ordenanzas en el pleno, se incluyó que había una excepción para vehículos agrícolas y se publicó en el Boletín de la Provincia". La aprobación definitiva se publicó el 9 de febrero de 2019 al no haber reclamaciones.
