La segunda fase de la obra de sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid, que debe financiar la DGA, lleva bloqueada dos años por la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la administración autonómica sobre la gestión del convenio. Y la necesidad de acuerdo ya no admite prórrogas: en 2019, el recinto debe estar completamente clausurado, tal y como exige la normativa europea.

El antiguo vertedero, que ocupa una superficie de 67 hectáreas, estuvo en servicio entre 1987 y 2009, año en que cesó la explotación. Entre 2013 y 2014, la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) financió con dos millones de euros unos trabajos preparatorios para el sellado. Además, la DGA y el Ayuntamiento firmaron un convenio en 2014 que fijó un coste de 27,8 millones.

De esa cantidad, el Consistorio aportaba 14,5 para la primera fase, a los que habría que sumar los 2 de la Diputación. Por su parte, a la DGA le correspondían 11,3 para 2016, 2017 y 2018, año en que debería estar terminada la obra.

En 2015, el Consistorio ejecutó la primera fase por 7,3 millones de euros, menos de lo previsto. Se trataba de tapar las 42 hectáreas en las que se depositaba la basura procedente de los domicilios. Pero en 2016 era el momento de que se iniciaran los trabajos de la segunda fase, con la que se pretendían tapar 4,3 millones de toneladas de residuos industriales no peligrosos y 6,5 millones de toneladas de inertes.

Las obras que debe financiar la DGA tendrían que haber comenzado en 2016. Según el convenio, los trabajos los debía licitar el Ayuntamiento, pero la administración autonómica tenía que abonar 3,5 millones, 3,5 en 2017 y 4,3 más en 2018. Entonces empiezan los problemas. Fuentes municipales explicaron que en 2016 la DGA trató de incorporar una adenda al convenio para cambiar las fechas y retrasar un año las anualidades. Nunca se firmó la adenda, pero por la vía de los hechos no se iniciaron las obras.

El segundo aspecto de discusión eran las dificultades del Ayuntamiento para adaptar las tres anualidades previstas en el convenio al plazo de ejecución de la segunda fase de proyecto. «El interventor no permitiría adjudicar una obra de 11 meses en tres anualidades. Como mucho en dos. Eso lo sabe la DGA», indicaron fuentes del gobierno de ZEC, que añadieron que no habría problema en dividir el proyecto en dos (7 millones en un primer contrato y el resto en un segundo).

Además, el Ayuntamiento acusó a la DGA de presupuestar este año solo 2,5 millones frente a los 3,5 previstos, que es lo que el Consistorio había previsto como ingreso en sus cuentas.

Y por último, la DGA sostiene que su aportación es una subvención, por lo que pide al Consistorio que licite la obra para abonar los gastos conforme vayan llegando las certificaciones. Después de la experiencia del tranvía, que la DGA también ha considerado subvención, el Consistorio se niega a aceptar esta fórmula.«En esas condiciones no podemos adjudicar», dijeron fuentes municipales. La partida para este año (3,5 millones) ha quedado sin ejecutar y ha pasado a 2018. Fuentes municipales confiaron en cerrar un acuerdo para impulsar el sellado el próximo año.

El Gobierno de Aragón dejó claro que la responsabilidad de licitar la obra es del Ayuntamiento y que «para poder financiar el proyecto es necesario que se nos entreguen las certificaciones de que se va trabajando». «Tienen que iniciar el proceso de licitación», explicó la directora general de Sostenibilidad, Pilar Gómez.

Explicó que el Consistorio informó en una comisión de seguimiento celebrada antes del verano de que no podía licitar los trabajos en este momento. «El Ayuntamiento debe dar pasos en la obra», afirmó Gómez, que achacó los retrasos a la complejidad del proyecto. Fuentes del Ejecutivo autonómico explicaron que los problemas de gestión de los que advierte el gobierno municipal se pueden resolver en un proceso de negociación.