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Tribunales

Se enfrenta a 4 años de cárcel por vender como chatarra dos coches embargados

El acusado declara que los vendió dos años antes de que le llegara la notificación de la Tesorería de la Seguridad Social.  

El juicio se celebró en la Audiencia de Zaragoza.Oliver Duch

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha juzgado este lunes ayer a Abel S. como presunto autor de un delito de insolvencia punible. La Fiscalía solicita para él dos años de prisión, pena que la acusación particular, ejercida en nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, eleva a cuatro años.

No obstante, su abogado, Cristian Adrian, ha pedido su absolución al entender que no ha cometido ningún delito. El acusado, que se dedicaba a la compraventa de coches usados, ha explicado que en 2013 adquirió dos vehículos a sendos particulares. Uno de ellos, un Kía que había sido declarado siniestro total tras un accidente, lo compró por 500 euros y el otro, un Hyundai con el motor roto, por unos 300 euros. Poco después, envió los dos a Rumanía en una grúa para vender allí sus piezas.

Abel S. ha admitido que en 2015 le llegó una notificación de la Seguridad Social en el que le comunicaba el embargo de los dos turismos, a cuenta de la deuda que arrastraba con la administración desde 2007 cuando, según ha explicado, tenía una empresa y dejó de pagar por la crisis. En el escrito, la tesorería había valorado el Kía en 6.000 euros y en unos 3.000 el Hyundai, utilizando webs especializadas en negocios de segunda mano. 

Ha reconocido también que después de comprarlos estuvieron entre uno y dos años a nombre de sus antiguos propietarios porque no hizo los trámites precisos para ponerlos al suyo propio. «Pero yo ya no tenía esos coches cuando me llegó la notificación», ha afirmado.

Sin embargo, las acusaciones creen que los vendió cuando ya conocía que estaban trabados por la Seguridad Social y alegaron que en ningún momento recurrió el expediente administrativo. Además de las penas de prisión, solicitan una responsabilidad civil de 3.700 euros, en el caso de la Fiscalía, y de 8.000 por parte de la Administración.  

 





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