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Polémica con Marruecos

Un bufete de Zaragoza lidera las acciones legales contra el veto al cordero marroquí

Este lunes presentan un recurso contra la prohibición de introducir borregos vivos desde Marruecos para la fiesta musulmana del Sacrificio.

P. Puebla. Zaragoza Actualizada 10/10/2016 a las 13:14
Protesta en Melilla contra la prohibición de entrada de corderos desde Marruecos.

Durante el pasado mes de agosto cientos de musulmanes melillenses salieron a la calle para protestar contra el veto al cordero marroquí. La decisión de extremar las medidas preventivas frente a la fiebre aftosa llevaron a la Delegación del Gobierno de la ciudad autónoma a impedir la entrada de borregos desde Marruecos, lo que dificultó el abastecimiento a las familias musulmanas durante la Celebración del Sacrificio, su festividad más importante.

En vez de unos 5.000 corderos desde Marruecos, se llevaron a Melilla 2.000 animales desde la Península. Corderos nacionales que en vez de venderse a las familias por 150 euros por cabeza, como los de Marruecos, se ofrecían a 270 euros cada uno. Coalición por Melilla ha denunciado que la ciudad "estaba prácticamente vacía" los días de la festividad ya que, ante las dificultades para conseguir un cordero, "hubo una desbandada absoluta" de las familias musulmanas.

Ahora, un bufete de abogados de Zaragoza toma las riendas del asunto y representará los intereses de los musulmanes melillenses. Iván Jiménez-Aybar, letrado del consulado de Marruecos en Aragón, ha sido elegido por Coalición por Melilla para coordinar la estrategia procesal a nivel nacional de la mano del despacho zaragozano Iñiguez Abogados. Este mismo lunes presentarán un recurso administrativo ante el Ministerio de Agricultura en el que ponen en duda las formas y las razones por las que la Delegación del Gobierno de la ciudad autónoma impidió la entrada a Melilla de corderos marroquís sanos.

"Se propuso habilitar puestos fronterizos y un servicio de inspección para analizar a todos los animales en la frontera y así evitar la entrada de animales sospechosos de padecer la fiebre aftosa", especifican desde Iñiguez Abogados. De hecho, esa había sido la forma de proceder en años anteriores. Sin embargo, esta vez, el delegado de Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, rechazó esta solución mediante un escueto comentario en una carta: "La legislación aplicable al asunto al que se contrae su petición impide acceder a lo solicitado". Ante las exigencias de Coalición por Melilla, que pedía que El Barkani especificase a qué legislación se refería, el delegado aclaró, en una segunda carta, que el asunto en cuestión no entraba dentro de sus competencias.

El bufete zaragozano ha basado en esta forma de proceder su recurso administrativo. Considera que la Delegación del Gobierno en Melilla actuó de forma irregular al negarse a dar respuesta a una petición y al no ofrecer vías alternativas de reclamación sin ser éste el ente apropiado para hacerlo.

También recurrirán las razones que se transmitieron desde el Ministerio de Agricultura en otra carta. En ese escrito, un portavoz del ministerio reconocía a una de las líderes de Coalición por Melilla que en la ciudad autónoma no hay cabaña ovina ni bovina alguna. Al no haber producciones ganaderas es imposible el contagio de la fiebre aftosa a animales melillenses. Aún así, el Ministerio justificó su negativa a la entrada de borregos marroquís en las consecuencias económicas que podría tener para el sector ganadero español la declaración de un caso de fiebre aftosa en Melilla.

Ante este supuesto, Jiménez-Aybar e Iñiguez abogados insisten en que la Organización Mundial de la Sanidad Animal, por motivos geográficos, no considera Ceuta y Melilla parte del mercado europeo. Por eso, un brote de fiebre aftosa en Melilla no implicaría quitar a España la declaración de 'territorio libre' de esta enfermedad. "Pero es que además es imposible un brote en Melilla porque no hay ganado en Melilla, y eso es algo que ha reconocido el ministerio", insisten desde el bufete zaragozano.

Aunque este lunes presentan el recurso administrativo ante el Ministerio de Agricultura, tienen claro que a la larga tendrán que continuar por la vía judicial y de hecho están convencidos de que el caso "está claro" desde un punto de vista legal: "No hay ninguna norma que justifique el veto al cordero marroquí en las ciudades autónomas".







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