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Aragón

Casi 400 familias al año pierden la custodia de sus hijos en Aragón

En 240 de los procedimientos iniciados en 2015 se propuso, además, suspender la patria potestad.

P. Puebla. Zaragoza 09/09/2016 a las 06:00
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El acogimiento familiar es una de las salidas para los niños que tienen que ser separados de sus padres. En la imagen, jornadas sobre acogimiento celebradas en Zaragoza.Aránzazu Navarro/Heraldo

La Fiscalía de Menores tuvo que iniciar durante todo el año 2015, a petición de la administración autonómica, casi 400 procedimientos para retirar a familias la custodia de sus hijos.

Las razones son múltiples y las informaciones y denuncias llegan por cualquier vía, aunque los profesionales del ámbito sanitario, educativo y policial son, normalmente, los primeros en alertar a los servicios sociales de base (comarcales o municipales) de una posible situación de riesgo o desprotección del menor. Un niño que falta a clase de forma reiterada con el consentimiento de sus padres, un bebé que nace con claros signos de que su madre ha consumido drogas durante el embarazo… Los indicadores que hacen saltar las alarmas son de los más diversos.

En 150 de esos casos se pretendía otorgar al Gobierno de Aragón el ejercicio de la guarda, una medida de protección temporal que se aplica ante situaciones de urgencia que requieren una separación provisional del entorno familiar. En estos casos los padres pierden la custodia de forma temporal, pero mantienen la patria potestad. En la provincia de Huesca se iniciaron 39 expedientes de guarda en 2015, dos en la de Teruel y 109 en la de Zaragoza.

Los otros 240 expedientes que llegaron desde las tres provincias a la Fiscalía de Menores perseguían no solo retirar la custodia, sino también suspender a los padres la patria potestad y otorgar la tutela del menor al Gobierno de Aragón. Este tipo de situaciones solo se dan tras una declaración de desamparo por parte de la Administración y se produjeron 61 en la provincia de Huesca, 10 en la de Teruel y 169 en la de Zaragoza.

El proceso

“En un primer momento son los técnicos de los servicios sociales de base quienes hacen una primera aproximación a la familia para verificar si la denuncia está basada indicadores de riesgo reales”, aclara Isabel Lamana, jefa de sección de Protección y Tutela del Servicio de Menores del Gobierno de Aragón.

Muchos de esos indicadores pueden corregirse mediante una intervención preventiva de los propios técnicos comarcales: falta de una alimentación adecuada, incapacidad de gestionar adecuadamente los recursos económicos, no asistencia a las revisiones médicas o vacunaciones… Negligencias que pueden rectificarse.

“Si ven que los hechos revisten cierta gravedad lo comunican a la dirección provincial del IASS. En las tres provincias hay sección de Protección a la Infancia con equipos técnicos compuestos por trabajadores sociales, psicólogos y educadores”, continúa Lamana. En estos casos, los servicios sociales de base proponen al IASS la declaración de riesgo. Declaración que implica la coordinación entre administraciones, la apertura de un expediente de protección, la asignación de un coordinador de caso  y la aplicación de medidas específicas de protección e intervención orientadas, siempre que sea posible, a la preservación familiar.

Prima la familia

Desde el servicio de menores insisten en que el primer objetivo siempre es el mantenimiento del menor en su entorno más inmediato. Lamana señala que generalmente “es lo menos traumático” para los niños. “Sin embargo, si esto no es posible o la situación no mejora, caben otras alternativas que implican la separación provisional”, informa.

La guarda tiene una duración máxima de dos años. La declaración de desamparo, sin embargo, implica la suspensión de la patria potestad y la asunción de la tutela por parte de la Administración así que resulta la medida adecuada en caso de que tanto los indicadores de desprotección como el daño ejercido sobre el menor sean lo suficientemente graves: maltrato físico, maltrato prenatal o abandono, fundamentalmente.

Como se trata de una suspensión y no de una privación, todavía hay margen para que los padres reaccionen de forma positiva y recuperen en un futuro la tutela. Solo un juez puede privar definitivamente a unos padres de la patria potestad. A lo largo del año pasado, sin embargo, llegaron a la fiscalía 28 procedimientos orientados a quitar de forma definitiva la patria potestad a unos padres y 15 de esos casos llegaron a juicio en la Comunidad (uno en Teruel y 14 en Zaragoza). A partir de ese momento, los padres ya pierden todos sus derechos sobre el niño y éste hasta sus apellidos.
 

Repunte de expedientes

Desde el IASS confirman el repunte de apertura de expedientes en la última época y el incremento de tutelas y guardas asumidas por la Comunidad. Para todos estos niños que tienen que ser separados de sus padres, Aragón cuenta con distintos recursos en función de la edad del menor y sus circunstancias. Si el niño es menor de ocho años, se prioriza mantenerlo en unidades familiares y siempre que se puede se optará por el acogimiento familiar de urgencia o la familia extensa aunque si esto no es posible existen centros específicos para niños de entre 0 y 6 años.

Cuando son más mayores, pasan en un primer momento por el COA. Allí se les hace una valoración y se propone el recurso más idóneo para cada chaval en función de si hay posibilidades o no de que vuelvan con sus padres: otros centros, familias de acogida o guarda con fines de adopción. A día de hoy hay 276 menores en centros de este tipo en Aragón, 20 en familias de acogida de urgencia y 21 en familias acogedoras de larga duración. Otros 75 niños y adolescentes han podido ser reubicados con otros miembros de su familia extensa.







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